El 16 de junio de 2023, Madrid se convirtió en el escenario del lanzamiento del Primer Plan de Implementación de la Estrategia Nacional contra la Desertificación, una iniciativa crucial que se llevará a cabo entre 2025 y 2027. Este plan tiene como objetivo fundamental fomentar la cooperación entre el sector público y privado para combatir la desertificación, además de reforzar los sistemas de vigilancia para evaluar y seguir los progresos en este ámbito.

En un evento celebrado por el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, María Jesús Rodríguez de Sancho, Directora General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), enfatizó la necesidad de involucrar al sector privado en esta lucha. "Es vital que las empresas se sensibilicen sobre los efectos que generan y reconozcan los beneficios que obtienen de un ecosistema saludable", afirmó Rodríguez de Sancho.

Este nuevo plan llega tras la revisión de la estrategia inicial que el Gobierno español adoptó en 2008 para adherirse a la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. En 2022, se decidió dar un paso adelante al sustituir la Estrategia Nacional anterior por un enfoque más claro y estructurado, que contempla planes trienales adaptados a las realidades y necesidades actuales en la lucha contra la desertificación.

De forma específica, se diseñarán dos planes: el primero, que acaba de ser aprobado, abarcará el periodo 2025-2027, mientras que el segundo se destinará a 2028-2030. "La desertificación tiene múltiples causas que dependen de diversas políticas. Por ello, resulta esencial una planificación cohesiva que integre los intereses y objetivos de distintas iniciativas para lograr resultados efectivos", subrayó Rodríguez de Sancho.

Elsa Enríquez Alcalde, Subdirectora General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación, explicó que la Estrategia Nacional contempla un total de 45 áreas de actuación, de las cuales este primer plan aborda 37, organizadas en varias categorías que incluyen gobernanza, seguimiento, planificación, cooperación e investigación. También se prestará especial atención a la difusión de prácticas de gestión sostenible y a la comunicación para crear conciencia sobre este problema ambiental.

“Es imperativo que todas estas políticas se basen en evidencias científicas. La colaboración con actores del ámbito privado y organizaciones no gubernamentales es fundamental para el éxito de las iniciativas medioambientales”, enfatizó Enríquez, abogando por un enfoque basado en la ciencia para orientar las decisiones políticas.

En el ámbito de la restauración ecológica, el Plan propone integrar la información sobre desertificación en el Sistema Integrado de Información sobre Biodiversidad. También se contempla la actualización del Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias, que abarca la restauración hidrológico-forestal y la defensa contra la desertificación. Además, se elaborará una guía metodológica para identificar y priorizar zonas de intervención que necesitan acciones urgentes de restauración.