Las tensiones políticas en Cataluña continúan en aumento, ya que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera que ERC finalmente acepte investir al líder del PSC, Salvador Illa, como nuevo presidente de la Generalitat. Esta decisión se considera crucial para evitar la repetición de elecciones en la región autónoma.

Mientras Montero convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el mes de julio, sugiere la posibilidad de una reforma del sistema de financiación autonómica en caso de que el Partido Popular presente una propuesta unificada. Por otro lado, la exigencia de ERC de soberanía fiscal para Cataluña representa un obstáculo en las negociaciones.

En este escenario, Montero insta a ERC a comprender que la investidura de Illa es la única opción viable para evitar una repetición electoral. La sociedad catalana, según Montero, ha expresado su voluntad en las urnas y ahora espera que los políticos sean capaces de respetar esa decisión.

Según Montero, el liderazgo de Illa es fundamental para alcanzar un acuerdo con ERC y formar un gobierno estable en Cataluña. A pesar de la complejidad de las negociaciones, Montero confía en que sea posible renovar el sistema de financiación autonómica en un plazo corto.

Los desafíos continúan, ya que el Partido Popular enfrenta críticas por no presentar propuestas unificadas en el pasado y rechazar reuniones con el PSOE para abordar acuerdos bilaterales. La reunión del CPFF en julio será crucial para abordar los objetivos de estabilidad y la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

En medio de este escenario político complejo, Cataluña emerge como un actor clave en las decisiones sobre el sistema de financiación autonómica. La participación de Cataluña en el CPFF es fundamental para validar posibles acuerdos y reformas en este ámbito.

A pesar de los desafíos y las diferencias políticas, Montero insiste en la importancia de llegar a acuerdos para garantizar la estabilidad política y económica en Cataluña. La decisión final recae en las negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas y en la capacidad de llegar a consensos que beneficien a la sociedad catalana en su conjunto.