El Tribunal de Instancia de Montoro, en Córdoba, se encuentra bajo una intensa actividad tras el trágico accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz, donde han perdido la vida 43 personas. Hasta ahora, el tribunal ha recibido alrededor de diez denuncias y siete personaciones relacionadas con el siniestro, y se espera que esta cifra siga aumentando, lo que requerirá un esfuerzo significativo en términos procesales.

En una reciente visita a los juzgados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, subrayó la importancia de abordar con celeridad las necesidades del Tribunal de Instancia, que tiene a su cargo la investigación del accidente. Este encuentro con el personal judicial busca ofrecer el soporte necesario en estos momentos críticos.

Durante esta visita, del Río estuvo acompañado por Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba. La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ya ha implementado el refuerzo de dos funcionarios en el juzgado, mientras que la nueva titular, Cristina Pastor Recover, se integrará al equipo en febrero, tras la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.

Según fuentes cercanas al caso, el juzgado cuenta actualmente con un equipo de 12 funcionarios, de los cuales nueve están enfocados en la tramitación y tres en el Registro Civil. Con la reciente adición de un gestor y una tramitadora, el tribunal se fortalece ante la magnitud de la tarea que implica investigar este suceso tan desafiante.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anunciado que se asignará un juez adicional y un letrado de la Administración de Justicia al Tribunal de Instancia de Montoro, asegurando así su capacidad para lidiar con el trabajo que conlleva la investigación, mientras se contemplan más refuerzos en el futuro.

Sin embargo, es vital aclarar que no todos los funcionarios del juzgado montoreño estarán asignados a esta rigurosa investigación, dado que la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha transformado la estructura de los juzgados, añadiendo múltiples jueces en lugar de mantener un sistema unipersonal.

La Junta también ha establecido que dos funcionarios del Servicio de Tramitación se asignen temporalmente al Registro Civil, sin que esto afecte a sus funciones principales. Asimismo, se ha aprobado el pago de servicios extraordinarios para el personal judicial desde el 19 de enero por un período de 30 días para facilitar el trabajo ante la elevada carga de documentación relacionada con el caso.

En el ámbito judicial, el fiscal jefe provincial de Córdoba, Fernando Sobrón, ha manifestado que la investigación relacionada con el accidente aún está en sus primeras etapas y que no están disponibles resultados concretos. Sobrón ha destacado la complejidad de la investigación y la profunda afectación emocional que ha dejado el accidente en la comunidad y en el propio fiscalía.

Al preguntarle sobre las reclamaciones de los familiares de las víctimas, Sobrón comentó que no había indagado sobre este aspecto con su equipo, pero aseguró que han estado trabajando en la identificación de las víctimas, enfatizando que el foco ahora debe estar en la asistencia a las víctimas y sus familias más que en la fase judicial misma.

El fiscal también recordó que estuvo en el lugar del accidente poco después de que ocurriera y que se reunió con sus colegas para establecer un equipo dedicados a investigar el caso, subrayando la responsabilidad que se tiene en la búsqueda de respuestas ante esta tragedia.

Por su parte, diferentes organizaciones, como la Asociación Liberum y Manos Limpias, han presentado denuncias en el juzgado, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades penales relacionadas con el accidente. A su vez, Iustitia Europa también ha formalizado su participación como acusación popular.

Liberum, en su denuncia, menciona la posibilidad de que se hayan cometido delitos de homicidio por imprudencia grave y otros, implicando a altos directivos de Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Mientras tanto, el partido Vox ha declarado su intención de presentar una querella contra directivos de Adif y ha pedido la comparecencia de altos funcionarios del gobierno en relación con el incidente, lo que evidencia un clima de exigencia creciente de justicia y responsabilidad en torno a esta tragedia ferroviaria.