MADRID, 13 de enero - En un ambiente de expectación mediática, el reconocible productor musical Nacho Cano llegó puntual a los juzgados de Plaza de Castilla. Su presencia fue marcada por un semblante sereno, aunque no sin cierta ironía al manifestar que iba a "hacer el paripé un ratito", en relación a su declaración ante la jueza, quien lo investiga por supuestas irregularidades laborales y la contratación ilegal de becarios en su espectáculo 'Malinche'.

Alrededor de las 9:50 de la mañana, Cano descendió de un vehículo negro, vistiendo un largo abrigo oscuro, gorra y gafas de sol, como si intentara eludir a los numerosos periodistas que aguardaban en el exterior. Su estilo, sin duda, reflejaba su intento de mantener la privacidad en medio de una situación que atraía la atención mediática.

En su breve aparición, el productor musical se limitó a reafirmar su intención de hacer esta declaración que, a su juicio, sólo sería un mero formalismo. Una vez dentro del edificio judicial, se le vio en calma mientras conversaba con sus abogados y aguardaba su turno para comparecer ante la jueza del juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

Junto a Cano, otra investigada también brindará testimonio en este proceso, aunque la jueza ha decidido postergar la declaración de dos personas más implicadas. Este juego de postergaciones no ha hecho más que intensificar el interés en torno al caso, según los rumores que circulan en los corrillos judiciales.

El abogado Alfredo Arrién, quien representa a la becaria mexicana que presentó la denuncia, hizo hincapié en que su cliente también se presentaría en los juzgados para colaborar con el proceso judicial en curso. Los antecedentes del caso no son menores, ya que Cano fue convocado por la jueza María Inmaculada Iglesias Sánchez meses atrás, aunque la cita quedó aplazada hasta hoy por "necesidades de agenda".

Las denuncias que pesan sobre Cano giran en torno a la supuesta violación de derechos de los trabajadores extranjeros, al haberse denunciado que contrató a becarios mexicanos en condiciones irregulares para su producción 'Malinche'. Esta situación ha suscitado una serie de declaraciones y declaraciones que defienden tanto a los acusados como a la denunciante.

Recientemente, los agentes de policía que llevaron a cabo el atestado relacionado con la denuncia ofrecieron su testimonio en la misma sala de los juzgados. En sus declaraciones, mencionaron que había indicios de "explotación" laboral en las condiciones que vivían los becarios. En cambio, desde el equipo legal de Cano se ha calificado el proceso de "esperpento", un término que refleja la frustración ante lo que consideran un caso sesgado.

Arrién, realizando sus declaraciones a la prensa, destacó que los agentes de policía corroboraron la existencia de una relación laboral entre los becarios y el musical, lo que podría derivar en la verificación de delitos tanto contra los derechos laborales como contra los derechos de los extranjeros en situación irregular. "Las jornadas eran desmesuradas", argumentó, subrayando que el marco legal debe clasificarlos como trabajadores con derechos y condiciones estipuladas.

Frente a estas afirmaciones, los abogados de Cano han defendido que el enfoque del caso ha estado plagado de irregularidades desde su concepción. Según el letrado José Luis González-Montes, el atestado policial presenta problemas que invalidan su fiabilidad, argumentando que las acusaciones de explotación laboral han de ser contrastadas y no asumidas sin un análisis exhaustivo.

La jueza ha dictado nuevas citaciones para otros testigos en el caso, creyendo que su declaración podría arrojar más luz sobre la naturaleza de la relación establecida entre los becarios y la producción. Entre los testimonios que se han buscado están aquellos de representantes de instituciones que supuestamente respaldaron la formación de los becarios, aunque algunos de ellos han visto sus comparecencias suspendidas por considerarse que pudieron haber estado involucrados en una trama para ocultar la realidad laboral que enfrentaban los denunciantes.

Asimismo, surgieron testigos a favor de Cano en este complicado proceso, como Victoria Hernández, quien defendió que todo estaba dentro de la legalidad. Sin embargo, el abogado de la denunciante insistió en que su clienta llegó a España siendo menor, lo que añade un nivel de complejidad y urgencia al caso.

Otro de los puntos cruciales a resaltar es que el intento de la defensa de Cano por obtener un sobreseimiento del caso fue denegado por la jueza. Según el tribunal, los argumentos presentados no ayudaban a desvirtuar las acusaciones que se le imputan, que se centran en la violación de derechos fundamentales de trabajadores y extranjeros.

Finalmente, la jueza reiteró su decisión de mantener a Comisiones Obreras como acusación popular en el proceso, reafirmando que las circunstancias que llevaron a su inclusión no han cambiado y que su papel en el caso sigue siendo relevante y necesario para el esclarecimiento de los hechos.