En una decisión histórica, el Consejo de Ministros aprobó este martes, a solicitud del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la prohibición del despido de personas con discapacidad en casos de incapacidad sobrevenida. Esta reforma normativa había sido solicitada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó que esta medida era necesaria para cumplir con la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo y evitar la discriminación de trabajadores con discapacidad en España. Esta reforma implica la modificación del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, que hasta ahora permitía el despido automático de personas con discapacidad en distintos grados de permanencia de la discapacidad.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz enfatizó que esta modificación representa un cambio profundo en la legislación laboral española, buscando corregir la discriminación y garantizar que las personas con discapacidad no sean despedidas de forma automática debido a su condición. Además, se introducen disposiciones para que las personas con discapacidad tengan la opción de mantener su empleo con ajustes adecuados en el lugar de trabajo.

En consonancia con esta medida, se establece un plazo de seis meses dentro del ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para implementar cambios relacionados con las distintas formas de invalidez permanente. La ministra Díaz celebró estas modificaciones como un avance hacia una sociedad más inclusiva y socialmente justa, donde se amplían los derechos de los trabajadores.

El CERMI había denunciado previamente que la normativa anterior que permitía el despido automático de personas con discapacidad constituía una violación del derecho al empleo consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con esta nueva regulación, se busca garantizar la igualdad de oportunidades laborales para las personas con discapacidad en España y reafirmar el compromiso con los derechos humanos.