MADRID, 17 de febrero. En un pronunciamiento conjunto, ocho naciones árabes y musulmanas, incluyendo a Arabia Saudí, Egipto y Qatar, han manifestado su enérgico rechazo a la reciente decisión de Israel de clasificar áreas de Cisjordania como "propiedad del Estado". Esta medida ha sido calificada como un "aumento preocupante" que está diseñado para impulsar las actividades en los asentamientos considerados ilegales a nivel internacional.

Entre los países firmantes se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Jordania, Pakistán y Turquía. En su declaración, subrayaron que esta acción ilegal no solo busca acelerar la "confiscación de tierras", sino que también intensificará el control israelí sobre estos territorios, implementando una soberanía que no se reconoce sobre los Territorios Ocupados Palestinos. Esto, enfatizaron, infringe los derechos fundamentales del pueblo palestino.

Los firmantes hicieron hincapié en que este tipo de decisiones contraviene el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, así como las resoluciones correspondientes del Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente la resolución 2234, que condena tales acciones. Además, recordaron la opinión de la Corte Internacional de Justicia, que señaló la ilegalidad de las políticas israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, insistiendo en la necesidad de poner fin a la ocupación y la prohibición de adquirir tierras a la fuerza.

Así, los países participantes argumentaron que esta acción es parte de un esfuerzo por establecer una nueva realidad jurídica y administrativa que solidifique el dominio israelí sobre áreas ocupadas, lo que potencias la amenaza a la solución de dos Estados. Este enfoque erosiona las posibilidades de que un Estado palestino independiente y viable pueda surgir, poniendo en riesgo las perspectivas de una paz justa y duradera en la región.

Subrayaron su "rechazo absoluto" a cualquier acción unilateral que busque modificar el estatus legal, demográfico y histórico de Palestina, advirtiendo que estas políticas exacerbarán las tensiones y la inestabilidad no solo en los Territorios Ocupados Palestinos, sino en todo el área circundante.

Por este motivo, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que cumpla sus responsabilidades y tome medidas decisivas que pongan fin a estas violaciones, asegurando el respeto del Derecho Internacional y la protección de los derechos inalienables del pueblo palestino. Estos derechos incluyen el del autodeterminación, el fin de la ocupación, y la creación de un Estado soberano en las fronteras previas a las hostilidades de 1967, con Jerusalén Este como su capital.

La propuesta inicial fue presentada por varios ministros del gobierno israelí, como el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, quien es conocido por su postura ultranacionalista, junto con el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Defensa, Israel Katz. Su objetivo declarado es regular las actividades agrícolas y aclarar el estado de las áreas ocupadas dentro de los territorios palestinos, un proceso que se había dejado de lado debido a su complejidad burocrática durante décadas.

Esta decisión también se produce en el contexto de una reciente reforma aprobada por el gabinete de seguridad israelí que ampliaría la autoridad de Cisjordania, incrementando las competencias en esta región. Esto incluye temas como la concesión de permisos de construcción en la ciudad histórica de Hebrón, alterando un acuerdo de 1997 que requería la aprobación de nuevas construcciones por parte de las autoridades tanto palestinas como israelíes.