En una reciente comunicación a la Comisión Europea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto de manifiesto su preocupación respecto a las tasas de basura impuestas en diversas localidades españolas, sugiriendo que podrían estar en desacato a la normativa europea sobre gestión de residuos.

En su solicitud, la OCU exige que se realice una revisión exhaustiva para determinar si los ayuntamientos han implementado correctamente las directrices establecidas por la directiva. Asimismo, pide que se inicie un procedimiento formal en caso de que se encuentren irregularidades, para garantizar la adecuada aplicación de la ley.

La OCU enfatiza que la directiva europea promueve el principio de ‘quien contamina, paga’, un enfoque que busca estimular una correcta gestión de todos los tipos de residuos. Recordemos que España adaptó esta normativa a través de la Ley 7/2022, que exige a los municipios de más de 5,000 habitantes establecer tarifas que reflejen el costo real de la gestión de residuos.

No obstante, la OCU denuncia que en varios municipios, la implementación de estas tarifas ha sido deficiente. Localidades como Badajoz, Ciudad Real, y Huelva, entre otras, han optado por una tarifa fija para todos los contribuyentes, lo que contradice el principio mencionado y no refleja el costo real del servicio, según indica la organización.

Asimismo, la OCU ha señalado que en Madrid también se ha desatendido este principio. La tasa de basura en la ciudad se calcula en parte a partir del valor catastral de las propiedades, lo que, según la OCU, puede resultar discriminatorio y no correlacionarse con el verdadero costo del servicio prestado.

El sistema actual combina el valor catastral con otros parámetros, como la cantidad de residuos generados en cada barrio y la eficacia en la separación de basura. No obstante, la OCU advierte que esto provoca desigualdades significativas entre los residentes, penalizando a aquellos en áreas donde los ingresos no residenciales, como los pisos turísticos o negocios, alteran la realidad del coste del servicio.

Por otro lado, la OCU ha informado que los ciudadanos que consideren injusta la liquidación de su tasa de basura tienen un plazo de un mes para presentar reclamaciones, las cuales pueden dirigirse tanto a la Agencia Tributaria del Ayuntamiento como al Tribunal Económico-Administrativo municipal.