Organizaciones sociales claman por un "canal efectivo de participación"

Un conjunto de 20 organizaciones sociales, entre las que destacan Accem, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Amnistía Internacional y Save the Children, han elevado su voz exigiendo al Gobierno la divulgación del borrador y los ejes principales del Plan de Implementación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea (UE).

En un manifiesto conjunto, estas entidades han recordado su reciente encuentro, a principios de octubre, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En dicha reunión, hicieron hincapié en la necesidad de que el Pacto Europeo de Migración y Asilo priorice a las personas y sus derechos humanos.

De acuerdo con los organizadores, durante el encuentro, tanto el presidente como la ministra expresaron su compromiso de involucrar a la sociedad civil en los Planes de Implementación del Pacto en España, asegurando que las contribuciones de expertos, así como las sugerencias, fueran tomadas en cuenta para salvaguardar los derechos humanos.

No obstante, estas organizaciones han denunciado que, pasados dos meses de la reunión, todavía no han recibido propuesta alguna por parte de los ministerios competentes y que no han tenido acceso al borrador del Plan de Implementación, que debe ser presentado por España antes del 12 de diciembre. Por ello, han reivindicado la creación de un "canal efectivo de participación".

Estas entidades insistieron en que el Pacto no debe ser considerado lejano o ajeno a la sociedad, afirmando que su implementación debe estar alineada y plenamente integrada con las políticas migratorias que se desarrollan en el país.

En lo que respecta a la nueva regulación, las organizaciones apuntan que llega en un periodo de "despliegue" de acciones políticas en España, lo cual incluye la reciente reforma del Reglamento de Extranjería y la consideración de una regularización extraordinaria de personas migrantes. Ambos procesos han sido ampliamente participativos, contando con la contribución activa de la sociedad civil, algo que, según afirman, fue uno de los compromisos establecidos por el presidente para el desarrollo del plan.

En esta dirección, han subrayado la trascendencia de la participación civil en la elaboración del plan y la necesidad de mantener niveles adecuados de transparencia. También han señalado que el contexto actual es "especialmente preocupante" y cada vez menos favorable para la garantía de derechos en Europa, a raíz de la propuesta de la Comisión Europea de evaluar "soluciones innovadoras", como la creación de centros de internamiento en países ajenos, siguiendo el modelo italiano.

Las organizaciones resaltan que esta línea de actuación representaría una amenaza adicional a los ya existentes riesgos que acarrea el Pacto en materia de derechos humanos, poniendo en jaque el principio de no devolución y comprometiendo el derecho de asilo en Europa.

Asimismo, afirman que España se encuentra ante una "oportunidad histórica" para implementar medidas adecuadas que aseguren la protección de las personas migrantes, especialmente de niños y niñas, apartándose de las fallidas políticas de externalización y control fronterizo. Aseguran que estas prácticas son "contrarias a los derechos humanos" y propician un aumento de muertes y sufrimientos en las rutas migratorias.

Además, han considerado esencial que la participación de la sociedad civil sea genuina y efectiva en el proceso, garantizando que el respeto a los derechos humanos ocupe el centro del mismo, teniendo presente las necesidades e intereses de las personas migrantes que podrían ser parte activa del proceso de consulta deseable.

Para materializar este compromiso, afirman que España debe mantener las garantías y los más altos estándares de protección establecidos en su marco legal, al tiempo que debe asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales en derechos humanos suscritos por todos los Estados miembros de la UE.

En este sentido, el Plan de Implementación del Pacto en España debe priorizar medidas "que no sean privativas de libertad". También han insistido en la necesidad de proporcionar asistencia jurídica gratuita durante todas las fases del proceso, realizar un análisis individualizado de las solicitudes, ofrecer atención sanitaria adecuada a través de profesionales especializados, garantizar el derecho a un intérprete y tramitar las solicitudes mediante el procedimiento ordinario en casos que requieran atención especial o se encuentren en situaciones de vulnerabilidad en los procesos fronterizos.

Por otro lado, han enfatizado la importancia de mantener altos estándares de protección para las personas en situación de vulnerabilidad que el sistema de Atención Humanitaria propicia. En lo que se refiere a la infancia, resaltan que es vital garantizar la unidad familiar y reconocer la presunción de minoría para todos los niños, niñas y adolescentes que ingresan al territorio.

Las organizaciones también han solicitado la creación de un mecanismo independiente de supervisión del respeto a los derechos humanos en la gestión de las fronteras, así como la implementación de un sistema robusto y bien dimensionado que esté capacitado para responder adecuadamente a emergencias y evitar derogaciones y excepciones a las normas de asilo.

Las entidades firmantes de este llamado son Accem, Alboan, Alianza por la Solidaridad, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Cruz Roja Española, Fundación Entreculturas, Irídia - centro para la defensa de derechos humanos, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Movimiento por la Paz (MPDL), Instituto Novact de Noviolencia, Oxfam Intermón, Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), Red Acoge, Salud por Derecho, Save the Children, Servicio Jesuita a Migrantes - SJM y Stop Mare Mortum.