PACMA impugna en los tribunales la normativa de protección animal de Bilbao por su desacuerdo con las leyes nacionales y regionales.

El Partido Animalista PACMA ha decidido llevar su denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) al presentar un recurso contencioso-administrativo contra la reciente aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de los Animales de Compañía en Bilbao, que fue ratificada el pasado 27 de marzo.
En un comunicado, PACMA ha subrayado que, pese a haber presentado un detallado escrito de alegaciones durante el periodo de información pública, sus preocupaciones fueron en su mayoría desestimadas. Al considerar esta situación como una falta de respuesta adecuada a sus críticas, han decidido buscar la intervención judicial, solicitando de manera urgente la suspensión de los artículos cuestionados, advirtiendo sobre el riesgo de daños irreversibles a los animales involucrados.
Los representantes de PACMA han señalado que la ordenanza presenta múltiples inconsistencias con la Ley 7/2023, que protege los derechos y el bienestar de los animales, así como con la Ley 9/2022 sobre la protección de animales domésticos en Euskadi. Según ellos, esta situación podría llevar a un revés en la lucha por la defensa de los derechos de los animales en la región.
Entre los aspectos más problemáticos que han destacado se encuentran la definición y regulación de las colonias felinas, las cuales quedan restringidas a las que cuenten con autorización municipal, dejando fuera a muchas comunidades gatunas que no obtienen el reconocimiento oficial. Este enfoque limita la protección que estos felinos merecerían de acuerdo a sus realidades sociales.
Además, han expresado su descontento con la posibilidad de practicar la eutanasia en animales basándose en comportamientos sin requerir evidencia de dolor o sufrimiento, algo que contradice las normativas estatales. Otras preocupaciones incluyen la legitimación del sacrificio de animales por razones medioambientales o de protección del patrimonio, y el uso de collares eléctricos bajo supervisión, lo que también genera alertas sobre la gestión ética y responsable de los animales.
Desde PACMA argumentan que la normativa no solo socava el principio de jerarquía normativa al contradecir leyes superiores vigentes, sino que, en general, se aleja de las prácticas científicas y éticas necesarias para la protección animal. Así, concluyen que esta nueva ordenanza no solo falla en su misión de proteger a los animales, sino que plantea un escenario propicio para abusos que las leyes actuales buscan eliminar.
Frente a esta situación, el PACMA hace un fuerte llamado a la reflexión, advirtiendo que aceptar la entrada en vigor de esta norma significaría un paso hacia atrás en la protección y bienestar de los seres que dependen de nosotros, y asegurando que no se puede tolerar una legislación que promueva la inseguridad jurídica y reduzca la efectividad en la defensa de los derechos animales.
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