La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, se enfrenta a serias acusaciones en relación a la investigación del denominado "caso Koldo". Este lunes, el juez encargado del caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, citará a Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, como imputados en un caso que involucra presuntos delitos que van desde organización criminal hasta tráfico de influencias.

En este contexto, Pardo de Vera también está siendo investigada por la supuesta contratación irregular de Jésica Rodríguez, quien fue pareja del exministro José Luis Ábalos. La decisión del juez de citar a ambos surgió tras evidencias presentadas por el Tribunal Supremo que apuntan a su involucramiento en las irregularidades de adjudicación de contratos públicos, presuntamente lideradas por Santos Cerdán, un exdirigente del PSOE.

Las sospechas se hicieron palpables cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró las residencias de Pardo de Vera y Herrero el pasado 26 de junio. En la vivienda de Pardo de Vera, se encontraron documentos relevantes, así como varios dispositivos digitales que podrían ofrecer más información sobre las presuntas prácticas corruptas en el sector público.

Los informes de los investigadores indican que Koldo García, asesor de Ábalos, utilizaba supuestamente a Pardo de Vera y Herrero para manipular los procedimientos de licitación. En grabaciones de una conversación mantenida en noviembre de 2020, García insistía en obtener un contrato urgente para una empresa constructora, algo que Pardo de Vera parecía dudar que fuera viable, aunque en última instancia se comprometió a explorar las posibilidades.

Apenas un mes después de esta conversación, Adif se inclinó por ofrecer un contrato a dicha empresa, lo que generó más sospechas sobre la correcta y transparente administración de los contratos públicos. Además, se constató una interacción previa entre Pardo de Vera y García sobre proyectos importantes que indicaron un claro favoritismo hacia determinadas empresas constructivas.

Otros hallazgos sugieren que García estaba profundamente involucrado en la dirección de decisiones sobre contratos, incluyendo el caso de una obra en Extremadura que debía adjudicarse a una constructora específica, ante el descontento de García por los resultados de la licitación.

También se han hallado referencias sobre la adjudicación de obras significativas, como la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat, que se asignó a Acciona bajo circunstancias que, bajo el análisis del juez, parecen responder a un patrón de favoritismo orquestado.

Herrero, por su parte, está implicado en haber favorecido a diversas empresas constructoras de manera ilícita, según los documentos del juzgado. Conversaciones de WhatsApp entre él y García apuntan claramente a una relación que permite suponer la colusión en la asignación de contratos de manera irregular.

El juez ha mencionado específicamente la influencia de Koldo en decisiones que podrían haber favorecido a constructores como OPR y LIC, sugiriendo que las acciones de Herrero estaban orientadas a satisfacer las expectativas del asesor y su entorno ministerial.

La situación se complica aún más con la imputación por la contratación de Jésica Rodríguez, quien, bajo condiciones cuestionables, cobró salarios de dos empresas públicas, en lo que se presume una clara irregularidad inducida por Ábalos y su exasesor. La falta de actividad laboral de Rodríguez durante el tiempo de su contratación añade peso a las acusaciones.

Es importante resaltar que el caso Koldo continuará su desarrollo en la Audiencia Nacional, donde se abordarán las acusaciones más amplias vinculadas a la corrupción en el contexto de la pandemia, así como la situación de Ábalos, quien está siendo investigado en relación a su papel como diputado aforado.