En la jornada del 12 de septiembre, la coordinadora Recuperando, un colectivo comprometido con la recuperación del patrimonio que ha sido inmatriculado por la Iglesia Católica, ha elevado una petición formal ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. El objetivo es instar al Gobierno a proporcionar una mayor transparencia y claridad sobre los bienes que la Iglesia ha inscrito a su nombre.

La coordinadora ha expresado su preocupación al señalar que la información sobre estos bienes aún permanece velada. A través de una declaración, afirmaron que “no se conocen los activos que han sido registrados simplemente mediante una ‘certificación eclesiástica’, y no hemos visto progreso en la clarificación ni en la resolución de este asunto tan crucial”.

Recuperando recordó que en febrero de 2021, el Gobierno presentó ante el Congreso un informe titulado “Estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad desde 1998”, acompañado por un listado de 34,961 inscripciones. Sin embargo, subrayaron que la información contenida en estos registros es insuficiente, al limitarse a datos básicos como “municipio”, “título” y “tipo” sin profundizar en elementos identificativos fundamentales como direcciones o referencias catastrales.

Además, señalaron que el mencionado estudio forma parte del “expediente 161/001437”, que incluye documentación complementaria, entre la que se encuentran las notas simples registrales utilizadas para su elaboración. Sin embargo, hasta el momento, esa documentación adicional no ha sido divulgada al público.

En este contexto, la coordinadora ha criticado la falta de efectividad del Gobierno, afirmando que la información proporcionada es “temporalmente incompleta” dado que sólo abarca el periodo de 1998 a 2015, excluyendo inmatriculaciones anteriores y dificultando la identificación precisa de los bienes listados.

Ante la falta de respuesta, la coordinadora se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, solicitando la entrega del expediente completo que incluya todas las notas simples, pero sin obtener ninguna contestación hasta la fecha.

Por esta razón, han optado por presentar una queja formal ante el Defensor del Pueblo, instándole a presionar al Gobierno para que facilite la información que reclaman.

Desde la plataforma, han enfatizado que, en lugar de llevar a cabo las reformas legislativas que permitirían la recuperación de bienes que han sido inmatriculados de manera indebida, el Gobierno parece estar optando por ocultar información a la ciudadanía, convirtiéndose así en un actor cómplice en este escándalo de apropiación patrimonial.