En un reciente llamado a la acción, Plena Inclusión ha exigido la eliminación del controvertido sistema de copago por dependencia, argumentando que este mecanismo es "injusto y confiscatorio" para quienes viven bajo condiciones de dependencia. La organización aboga por una revisión profunda de las políticas que afectan a las personas con discapacidad, quienes en muchos casos se ven obligadas a sacrificar parte de su pensión para acceder a los servicios esenciales que necesitan.

La entidad ha analizado dos fallos recientes del Tribunal Supremo que tocan el tema del copago y su aplicación en el contexto de la Ley 39/2006, la cual establece que aquellas personas con gran dependencia deben contribuir económicamente a recibir las ayudas necesarias. De acuerdo con el dictamen del Tribunal, dicho copago debería considerarse un impuesto en sí mismo, lo que añade una nueva dimensión a las críticas hacia esta práctica.

Desde hace años, Plena Inclusión ha sido una voz clara en contra del copago asociado al Sistema de Autonomía Personal y Dependencia. Para la organización, esta obligación se convierte en una carga económica pesada que impacta de manera desproporcionada a las familias con menos recursos, muchas de las cuales apenas alcanzan los umbrales de la pobreza.

La entidad ha acusado a los diferentes gobiernos de ignorar sistemáticamente las demandas de la comunidad de personas con discapacidad, lamentando que hasta ahora no se haya hecho un cambio legislativo significativo. Plena Inclusión espera que las recientes decisiones del Tribunal Supremo puedan ser un punto de inflexión para finalmente modificar el sistema de copago en favor de las personas a las que representa.

En este contexto, también se ha mencionado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que el CERMI puso en marcha, la cual reunió cerca de 800.000 firmas a favor de la abolición del copago. Sin embargo, a pesar de la masiva movilización, esta medida sigue vigente, con el impacto directo sobre las pensiones, ya que muchos de los ingresos se destinan a financiar el acceso a servicios, llegando a representar hasta un 90% en el caso de las residencias.

Durante la tramitación de la reforma de la Ley de Dependencia, Plena Inclusión ha presentado una enmienda que pide al Estado y a las comunidades autónomas la modificación del sistema de participación del usuario, con el objetivo de asegurar que las pensiones no contributivas mantengan un mínimo exento que garantice condiciones de vida dignas y la posibilidad de vivir en comunidad.

Además, la organización ha celebrado la reciente interpretación del Tribunal Supremo que establece que las deducciones por discapacidad en el IRPF deben aplicarse desde el nacimiento. "Las decisiones tomadas por el Tribunal evidencian la urgente necesidad de reformar la normativa actual para responder verdaderamente a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, quienes enfrentan un desafío económico desmedido", concluyó Plena Inclusión en su comunicado.