Varios sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han expresado su desconfianza después de que el Congreso aprobara la Ley de Vivienda, porque consideran que puede dificultar sus acciones contra los 'okupas' y en los casos de desalojos. Critican que el Gobierno no haya tenido en cuenta su opinión, como ya ocurrió con la malograda reforma de la Ley Mordaza.

Según el sindicato de la Policía, con esta norma "no podrán intervenir por sorpresa al tener que comunicar el día y la hora con antelación a la intervención policial para el desalojo de la vivienda ocupada". La nueva ley incorpora una serie de modificaciones legales para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles, y se impedirán desalojos cuando no se haya intentado un acto de conciliación.

Desde los sindicatos policiales, se afirma que "la Ley perjudicará y entorpecerá nuestro trabajo de manera evidente" y se pierde el "elemento sorpresa", dejando en riesgo la seguridad de los agentes. Los sindicatos policiales aseguran que la reforma normativa que afecta al trabajo policial se planteó sin recabar la opinión de los representantes de las organizaciones representativas.

Tanto el Sindicato Unificado de Policía como la Asociación Unificada de Guardias Civiles han insistido en acabar con las "lagunas" a través de "protocolos e instrucciones claras y con garantías jurídicas" para los agentes. En septiembre de 2020, tanto la Fiscalía como el Ministerio del Interior dictaron sendas instrucciones para unificar los protocolos de actuación frente a la 'okupación', pero los principales sindicatos reaccionaron con frialdad al entender que "no aportaba nada nuevo" y mantenía la inseguridad "personal y jurídica" para los agentes actuantes.

Las denuncias por estos delitos de 'okupación' bajaron un 3% en 2022 y un 11% en el primer trimestre de 2023. Cataluña sigue de forma destacada a la cabeza al contabilizar 1.673 casos hasta el 31 de marzo, el 42% del total. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha sostenido que la nueva Ley de Vivienda no dificulta desalojos en viviendas, recordando además que el Ejecutivo tramita dentro de la Ley de Eficiencia Procesal mecanismos para en 48 horas "expulsar a los 'okupas' con k que acceden ilegalmente a las viviendas".