El Gobierno ha sido acusado por el Partido Popular de no querer responder si los investigados en el denominado 'caso Mediador', que implica al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', habían visitado edificios del Ministerio del Interior. En una respuesta parlamentaria fechada el 5 de abril, el Gobierno señala que "no ha habido ninguna reunión" con los investigados. El PP quería saber si la "camarilla" relacionada con cargos del PSOE "implicada" en esta trama había visitado edificios del Ministerio del Interior.

La respuesta del Gobierno sobre esta cuestión ha sido que "la palabra implicado no permite saber con precisión a quién se refieren sus señorías, máxime cuando la investigación está en curso". "No obstante, respecto de quienes a día de hoy se conoce que han sido llamados como investigados en la causa, no ha habido ninguna reunión", añade el Gobierno en su breve respuesta. La portavoz del PP en materia de Interior, Ana Vázquez, ha denunciado en su cuenta de Twitter que "el Gobierno oculta si 'Tito Berni' y la camarilla del PSOE implicados en 'Mediador' visitaron edificios del Ministerio del Interior".

Además del Ministerio del Interior, el PP había reclamado datos sobre el registro de entrada de visitas en otros departamentos ministeriales, como el de Asuntos Económicos o el de Cultura. El caso Mediador investiga la presunta existencia de una red encabezada por 'Tito Berni', su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte y el general jubilado Francisco Espinosa que se habría dedicado a cobrar mordidas a cambio de favores políticos.

Según los investigadores, el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas". A pesar de las acusaciones del PP, el Gobierno ha recordado que se trata de una investigación judicial y que el Ejecutivo "siempre muestra un escrupuloso respeto por el Estado de derecho, las instituciones del Estado y la separación de poderes". El Gobierno ha subrayado que la documentación solicitada "se encuentra bajo control del órgano judicial".