Presidente del CGPJ y vocales progresistas cuestionan la imparcialidad en la evaluación del fiscal general por su vínculo con el extremismo.

El presidente y cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han defendido la idoneidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, alegando que cumple con los requisitos exigidos por la ley. Según ellos, el Pleno del CGPJ debería haberse limitado a verificar su idoneidad y no debería haber tenido en consideración otros asuntos, como su política de nombramientos discrecionales o el fallo del Tribunal Supremo sobre Dolores Delgado.
Esta posición ha sido expresada en un voto particular emitido por la vocal progresista Roser Bach, al que se han adherido el presidente interino Vicente Guilarte y otros vocales progresistas como Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda. Con esto, los firmantes se oponen a la decisión mayoritaria del Pleno del CGPJ de considerar a García Ortiz como no idóneo para el cargo de fiscal general.
En el documento, los vocales recuerdan que el Pleno del CGPJ ha informado en seis ocasiones sobre propuestas para el nombramiento de fiscal general del Estado por parte del Consejo de Ministros. En todas estas ocasiones, sostienen que el examen se ha limitado al cumplimiento de los requisitos y méritos establecidos legalmente.
A modo de ejemplo, citan la ocasión en la que se debatió el nombramiento de Manuel Maza Martín en octubre de 2016, donde algunos vocales propusieron un examen amplio sobre su trayectoria y méritos, pero su postura fue desestimada.
Por tanto, los vocales discrepantes argumentan que el examen de la propuesta de García Ortiz debería haberse limitado a verificar su idoneidad y el Pleno del CGPJ debería haber informado que cumple con los méritos y requisitos exigidos para el cargo de fiscal general del Estado.
Cabe destacar que la semana pasada, el CGPJ rechazó la continuidad de García Ortiz como fiscal general por considerar que ha hecho un uso "espurio" de sus poderes, por su política de nombramientos discrecionales y por su "inactividad" para defender a los fiscales del 'procés' de las acusaciones de 'lawfare'.
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