MADRID, 1 de noviembre.

La historia se escribe hoy en los tribunales, ya que Álvaro García Ortiz, el actual fiscal general del Estado, se convierte en el primer titular de esta institución en enfrentarse a un juicio. Lo hará ante el Tribunal Supremo, acusado de presuntos delitos cometidos mientras ocupaba su cargo. La denuncia gira en torno a una filtración de un correo electrónico que revelaba las negociaciones de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, con la Fiscalía en el marco de un proceso por fraude fiscal. García Ortiz podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión, además de doce años de inhabilitación y una multa de más de 400.000 euros.

El escándalo estalló tras la publicación por parte de 'El Mundo' el 13 de marzo de 2024, donde se afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a la pareja de Ayuso a cambio de una admisión de culpabilidad en relación a dos delitos fiscales. El juez instructor, Ángel Hurtado, describió cómo esta noticia generó un "frenético intercambio" de comunicaciones en la Fiscalía, así como una avalancha de atención mediática intentando verificar los hechos.

García Ortiz no tardó en contactar con Pilar Rodríguez, la jefa de la Fiscalía de Madrid, para que esta intentara obtener la cadena de correos relacionados con el caso de González Amador, enviándola a Carlos Neira, el abogado del empresario. Sin embargo, esto fue complicado, ya que Salto, el fiscal a cargo del caso, se encontraba en un partido de fútbol en ese momento. A pesar de varios intentos, la cadena de correos llegó a García Ortiz casi una hora después, pero aún estaba incompleta.

La noche avanzaba y a las 22:10, 'La Sexta' lanzó la primera información que atribuía la búsqueda del pacto directamente a la defensa del acusado, sin entrar en detalles específicos ni enlazar con el correo cuestionado.

En un desarrollo paralelo, el gabinete de Díaz Ayuso comenzó a movilizarse rápidamente, con Miguel Ángel Rodríguez compartiendo otro correo clave con periodistas, en el que se especificaba que la defensa había buscado alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, a pesar de que el caso ya había sido judicializado.

Pasadas unas horas, y tras una serie de intercambios, García Ortiz se dio cuenta de que aún le faltaba información importante, lo que le llevó a conseguir el correo que necesitaba poco después de la medianoche.

Al amanecer siguiente, la Fiscalía finalmente publicó un comunicado detallando el intercambio de correos entre el fiscal y la defensa de González Amador, lo que llevó a la presentación de una querella por parte del empresario contra Pilar Rodríguez y Salto, acusándolos de revelación de secretos.

Irónicamente, cuando el Tribunal Supremo decidió investigar a García Ortiz el 16 de octubre, lo hizo no por el comunicado, que consideraron no contenía información secreta, sino por la presunta filtración de los correos electrónicos.

Así, el 30 de octubre, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llevaron a cabo registros simultáneos en las oficinas de García Ortiz y Rodríguez, recuperando dispositivos electrónicos como parte de su investigación que, por primera vez, puso en el punto de mira su gestión.

Las indagaciones revelaron que el mismo día en que se inició el procedimiento penal contra García Ortiz, este había borrado dos veces sus chats de WhatsApp, y que una semana más tarde había cambiado de teléfono. En su defensa, el fiscal general argumentó que tales acciones eran parte de los protocolos de seguridad aplicables a su posición.

Durante los ocho meses que duró la investigación, tres personas fueron imputadas, y aunque se exploraron diversas aristas desde el comunicado inicial hasta la presunta filtración, finalmente se decidió llevar a juicio únicamente a García Ortiz y Rodríguez, por supuestos actos de colaboración en la revelación del 'email' que beneficiaría a González Amador en la batalla mediática.

El juez Hurtado se basó en la cronología de los eventos y la supresión de mensajes como prueba para justificar su decisión de juicio, sugiriendo que García Ortiz había actuado bajo presiones desde el Gobierno.

Sin embargo, el tribunal de apelación matizó esta acción al considerar que no había evidencia suficiente para probar dichas instrucciones, apartando las acusaciones que vinculaban a la fiscal con órdenes del Gobierno y resaltando su deber de informar a sus superiores sobre la investigación.

En un drástico contraste, García Ortiz mantiene su inocencia, rechazando acusaciones de filtración. Insiste en que la información en cuestión ya había sido divulgada por constructores institucionales del entorno de la Comunidad de Madrid, y además indica que un gran número de personas tuvieron acceso a la correspondencia en cuestión.

Defiende que su actuar siempre fue en el marco de sus funciones legales, con la intención de proteger la reputación de la Fiscalía frente a lo que él considera una campaña de desinformación motivada por intereses ajenos.

Estas convicciones lo han llevado a permanecer en su cargo, lo que ha generado un considerable debate sobre su idoneidad, especialmente cuando asume el banquillo de los acusados, algo sin precedentes que ha suscitado demandas de dimisión tanto dentro como fuera de la institución.

El juicio, que contará con la atención de numerosos medios, se desarrollará ante un tribunal de siete magistrados en su mayoría conservadora y se espera una sentencia hacia finales de este año.