El gobierno español ha dado un paso significativo hacia la protección de los trabajadores con la reciente propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este anteproyecto de ley busca salvaguardar a aquellos empleados que se atrevan a denunciar irregularidades o actos de corrupción dentro de sus empresas, creando un entorno más seguro y transparente en el ámbito laboral.

La iniciativa, que estará disponible para comentarios del público hasta el 10 de diciembre, consta de un marco legal conciso que se compromete a erradicar las represalias contra quienes informen sobre comportamientos ilegales. En caso de despido por realizar tales denuncias, la ley declara que la acción será considerada nula, reforzando así las garantías para los denunciantes.

A pesar de que la legislación en vigor de 2023 ya establece ciertos niveles de protección contra amenazas y tratos desfavorables hacia los denunciantes, este nuevo anteproyecto subraya la importancia de mayores certezas legales para quienes se atreven a alzar la voz. El Ministerio defiende que estas medidas son esenciales para asegurar que los empleados puedan desempeñar su papel como informantes sin temor a represalias.

El documento expone que, históricamente, la jurisprudencia ha limitado la posibilidad de que un despido se considere nulo si no existe una justificación sólida. Así, el nuevo anteproyecto busca modificar el Estatuto de los Trabajadores para que cualquier despido relacionado con la denuncia de prácticas ilícitas sea anulado, y no se conforme únicamente con la posibilidad de obtener una indemnización por despido improcedente.

La esencia de esta legislación es garantizar que los trabajadores tengan una protección robusta frente a cualquier represalia derivada del ejercicio de su derecho a informar sobre infracciones en el entorno laboral, estableciendo una barrera clara contra cualquier intento de intimidación o coerción por parte de la empresa.

El anteproyecto también aborda específicamente la discriminación en el ámbito laboral, declarando nulidad en cualquier decisión empresarial desfavorable que surja en respuesta a una reclamación, una acción administrativa o judicial, o la denuncia de una violación de derechos o la divulgación de información inapropiada.

Además, se introducen medidas que refuerzan la protección durante el periodo de prueba laboral, asegurando que las empleadas embarazadas o que se encuentran en maternidad no enfrenten despidos injustificados en funciones de su estado o de sus acciones de denuncia.

El objetivo primordial sigue siendo la prohibición de represalias en todas sus formas, tanto directas como indirectas, asegurando una protección integral para los denunciantes independientemente de su situación laboral. Esta ley también se extiende a prohibir despidos injustificados derivados de cualquier tipo de denuncia o revelación de irregularidades.

La propuesta enfatiza que cualquier intento por parte de la empresa de efectuar un despido colectivo como represalia por la información de irregularidades será considerado una violación a esta normativa. Esto otorga un enfoque más proactivo en la lucha contra la corrupción laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores.

Yolanda Díaz, la ministra a cargo de este departamento, subraya que la propuesta sigue principios de seguridad jurídica, creando un marco normativo claro que busca proteger derechos fundamentales tanto en el ámbito nacional como en el contexto de la Unión Europea.

Este anteproyecto complementa la anterior Ley de Protección de Denunciantes, que data de 2023 y se deriva de la transposición de normativas europeas. Es importante destacar que esta ley no solo se aplica a entidades del sector público, sino también a las del sector privado, exigiendo a las empresas de 50 o más empleados establecer canales internos para denuncias.

Sin embargo, aquellas empresas más pequeñas también están cubiertas por la ley, lo que garantiza un acceso equitativo a la protección disponible, lo que representa un avance importante hacia un entorno laboral más justo y respetuoso con los derechos de todos los trabajadores. Asimismo, la ley abarca a un amplio rango de personas relacionadas con la empresa, desde actuales y antiguos empleados hasta familiares, ampliando el ámbito de protección para quienes participan en la denuncia de prácticas ilegales.