El Partido Popular (PP) ha solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que establezca metas de precios para las acciones de CaixaBank, con el objetivo de optimizar la recuperación de recursos públicos. Esta petición se produce en un contexto en el que diversos grupos políticos, como el PSOE, Sumar y Vox, han exigido que se aclare el destino de las ganancias futuras derivadas de la venta del 18,1% de participación del FROB en la entidad financiera, una inversión que surgió tras la fusión con Bankia y que fue resultado de un rescate anterior.

En el marco de propuestas de resolución sobre un informe del Tribunal de Cuentas que detalla los costos del rescate bancario, estas formaciones reclaman transparencia respecto a los recursos que se puedan generar con esta venta, cuyo plazo se extiende hasta diciembre de 2027. Las resoluciones serán debatidas y votadas pronto en el Parlamento español, señalando la importancia de este tema en la agenda política actual.

De acuerdo con la información proporcionada por el FROB, el valor de mercado de su participación en CaixaBank era de 4.841 millones de euros a finales de 2023, lo que representa un asombroso aumento del 146% desde que se anunciaron conversaciones sobre la fusión con Bankia en septiembre de 2020. Este incremento plantea preguntas sobre la gestión y estrategia de venta de estas acciones.

El Grupo Socialista ha instado al FROB a realizar un análisis detallado sobre las diferentes alternativas disponibles para la desinversión de sus acciones en CaixaBank. Esta propuesta tiene como objetivo asegurar que se sigan criterios adecuados en la estrategia que adopte el FROB a partir del momento en que se materialice la desinversión.

Simultáneamente, Sumar ha solicitado que se lleve a cabo un estudio que contemple las opciones de actuación de BFA tras la venta de las acciones, reafirmando la necesidad de una revisión exhaustiva del proceso. Asimismo, Sumar ha urgido al FROB y a BFA a presentar un informe que evalúe la valoración de Bankia en el momento de su fusión y examine las posibles repercusiones financieras para el Tesoro Público, incluyendo discrepancias entre la valoración de la entidad y el valor real de sus activos y pasivos.

En este sentido, Sumar ha expresado su preocupación por las diferencias en la valoración que podrían haber resultado en una considerable pérdida para el Estado. Es por ello que exige que se cuantifiquen las pérdidas ocasionadas por la venta de Bankia, abarcando la discrepancia entre el valor recibido y el valor real de los activos, además del impacto de la reducción en los ingresos fiscales.

Por su parte, Vox ha instado al Gobierno a realizar un examen de las posibilidades de acción relacionadas con BFA y ha solicitado al Tribunal de Cuentas que incluya en sus informes la respuesta a las alegaciones presentadas por la institución fiscalizada. Además, han demandado mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos por parte del Ejecutivo.

Desde la perspectiva del PP, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo busca dejar claro que, aunque el costo total de la reestructuración bancaria ascendió a 71.833 millones de euros hasta finales de 2021, solo 50.621 millones provinieron de recursos públicos, ya que el resto fue asumido por las entidades financieras. En relación con CaixaBank, el PP enfatiza la necesidad de que el FROB establezca objetivos claros de precios para maximizar la recuperación de recursos dirigidos a la mejora de la situación económica del Estado.