El ex presidente catalán Carles Puigdemont y el eurodiputado de Junts Toni Comín han presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado Pablo Llarena, encargado de la causa del 'procés', por lo que consideran un retraso injustificado en la resolución de los recursos relacionados con la Ley de Amnistía.

Esta acción legal, liderada por el abogado Gonzalo Boye, busca que el órgano de gobierno de los jueces investigue la conducta de Llarena y determine si ha cometido una infracción disciplinaria establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El principal argumento es que el magistrado ha excedido los plazos legales para resolver los recursos presentados, lo cual según el letrado podría acarrearle una falta muy grave, grave o leve según la normativa vigente.

Los recursos en cuestión se refieren a la decisión de Llarena de no aplicar la amnistía al delito de malversación imputado a Puigdemont y Comín, una resolución que también ha sido impugnada por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la defensa de otros involucrados en el caso.

Boye destaca que se han realizado dos recordatorios sobre la demora en resolver estos recursos, incluso después de que Llarena interrumpiera sus vacaciones para supervisar la captura de Puigdemont. Esto, según el abogado, demuestra la falta de justificación para no cumplir con los plazos legales establecidos.