El expresidente catalán, líder de Junts y eurodiputado Carles Puigdemont ha presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo para impugnar la decisión del juez instructor de la causa del 'procés', el magistrado Pablo Llarena, de no apartarse del procedimiento después de pronunciarse sobre una posible ley de amnistía. Puigdemont argumenta que no corresponde al magistrado ejercer como "comentarista político" y alega la falta de imparcialidad del juez en su contra.

En el recurso, la defensa de Puigdemont sostiene que el juez no debe comentar la actividad de aquellos que están procesados por él ilegalmente y afirma que hay evidencias de la preconcepción y predisposición del magistrado hacia él y los demás procesados en rebeldía, lo que pone en duda la garantía de un juicio imparcial.

La movida del expresidente se da después de que el pasado 6 de octubre Llarena rechazara por quinta vez la solicitud de Puigdemont para apartarse de la causa. En esta ocasión, el motivo fue su pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una eventual ley de amnistía. El líder independentista argumenta que la absoluta falta de imparcialidad del juez es suficiente motivo para desconfiar de sus decisiones.

En su recurso, Puigdemont defiende que todas sus recusaciones anteriores han sido fundamentadas y que tanto el pronunciamiento del juez sobre una posible ley de amnistía como los argumentos presentados en su auto para rechazar su apartamiento son suficientes para sospechar de la imparcialidad del magistrado.

Por su parte, Llarena ha argumentado que su conferencia sobre la constitucionalidad de una eventual ley de amnistía se desarrolló en un contexto estrictamente académico y no supuso un posicionamiento procesal. El juez sostiene que estas recusaciones buscan dilatar el proceso y que, en el caso de que alguna vez se promulgue una ley de amnistía, no le corresponderá a él resolver sobre su constitucionalidad. Advierte además que esta estrategia de recusación puede generar retrasos en la toma de decisiones finales en el proceso.

En su recurso, Puigdemont argumenta que la recusación se basa en el hecho de que el juez ha expresado su postura sobre una ley hipotética que aún no existe como iniciativa parlamentaria y cómo eso podría afectar el proceso en el futuro. Según el líder independentista, esto es razón suficiente para perder la imparcialidad del juez.

Llarena ha advertido que si Puigdemont y los demás procesados en rebeldía logran dilatar el proceso hasta junio de 2024, el suplicatorio solicitado al Parlamento Europeo decaerá y la posibilidad de reclamar la cooperación jurisdiccional de otros países desaparecerá.