El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha subrayado la importancia de que todos los países miembros acaten una reciente orden del Tribunal Penal Internacional (TPI) que exige la detención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como de su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Borrell señaló que estas órdenes son “vinculantes”, recordando que todos los Veintisiete forman parte del Estatuto de Roma y deben cumplir con esta decisión judicial internacional.

En el marco de estas declaraciones, el líder colombiano, Gustavo Petro, manifestó su apoyo a la decisión del TPI y solicitó a la comunidad internacional que actúe para llevar a cabo esta detención, calificando a Netanyahu de “genocida”. Petro hizo un llamado a Europa occidental para que recupere su autonomía en la política internacional y cumpla con la sentencia, sugiriendo que la falta de acción podría llevar al mundo a un estado de barbarie, especialmente si Estados Unidos, que no es parte del TPI, decide ignorar la orden.

Sudáfrica, que ha llevado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia acusándolo de genocidio en Gaza, ha celebrado también esta decisión como un progreso significativo hacia la justicia, instando a todos los países firmantes a cumplir con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma. El Gobierno sudafricano reafirma su compromiso con el derecho internacional y la necesidad de que las naciones respondan a estas nuevas exigencias judiciales.

Desde los Países Bajos, el ministro de Exteriores, Caspar Veldkamp, resaltó que la nación se adherirá completamente a los compromisos internacionales establecidos, lo que implica que, de recibir a Netanyahu, procederían con su arresto. Este mensaje incluye también una moderación en los contactos diplomáticos con Israel, buscando centrar la comunicación en aspectos esenciales únicamente.

Por su parte, Noruega, que se unió a Irlanda y España en el reconocimiento de Palestina como estado este 2024, enfatizó a través de su canciller, Espen Barth Eide, el papel fundamental del TPI en la justicia global y confió en que el tribunal continuará desarrollando este caso con el más alto estándar de justicia.

Sin embargo, el Gobierno argentino ha emitido una postura crítica ante las órdenes de arresto. El presidente Javier Milei expresó su “profundo desacuerdo”, argumentando que estas decisiones ignoran el derecho legítimo de Israel a defenderse de ataques por parte de grupos que considera terroristas, como Hamás y Hezbolá. Milei subrayó que “criminalizar la defensa” de un país no contribuye a la equidad en la justicia internacional y llamó a la comunidad internacional a apoyar la soberanía de Israel y a buscar una paz sostenible en la región.