MADRID, 1 de enero de 2026.

Las organizaciones que abogan por los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia comienzan el nuevo año con grandes expectativas sobre la inminente aprobación de la reforma de las leyes relevantes en este ámbito. Este proyecto de ley, que ya ha superado su primer obstáculo en el Congreso de los Diputados el mes pasado, promete importantes avances en materia de derechos, como la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones, la garantía del acceso a la teleasistencia y el reconocimiento automático de la discapacidad junto con el grado de dependencia.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, subrayó en una reciente entrevista con Europa Press que el año 2025 marcó un hito significativo con la entrada en vigor del nuevo artículo 49 de la Constitución, una reforma que refuerza los derechos de las personas con discapacidad desde la perspectiva de la justicia social y los derechos humanos. Según Pérez, esta reforma no debe ser considerada un fin, sino solo el inicio de un proceso transformador.

Para Pérez, la urgencia de la situación exige una revisión integral de la legislación en materia de discapacidad, enfocándose en la Ley General del Derecho de las Personas con Discapacidad y en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. El progreso en este sentido ha sido notable, especialmente con la presentación del proyecto de ley en el Congreso, que finalmente fue debatido y enmendado después de meses de tramitación.

El presidente del CERMI celebró el avance reciente en el proceso legislativo, destacando que en diciembre se lograron superar las primeras barreras en el Congreso, lo que abre la puerta a un debate más profundo y enmiendas parciales que se desarrollarán en los próximos meses. Pérez tiene la esperanza de que esta nueva legislación se apruebe en el primer trimestre de 2026, con un apoyo similar al de la reforma del artículo 49.

El 11 de diciembre, el Congreso dio el visto bueno a la consideración de este Proyecto de Ley, iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras rechazar una enmienda total del grupo Junts que intentaba devolver el texto al Gobierno. Mientras que casi todos los partidos con representación en el Congreso votaron en contra de esta enmienda, PP y Vox optaron por la abstención.

Durante la discusión, el ministro Pablo Bustinduy enfatizó que se trata de "una ley de país", la cual ha sido construida gracias al esfuerzo colectivo de diversas organizaciones sociales. Además, agradeció la colaboración de entidades destacadas como CERMI y ONCE, resaltando la importancia del trabajo conjunto en la elaboración de esta ley tan crucial.

El ministro también hizo un llamado a la unidad política y aseguró que el proyecto contará con la financiación necesaria para garantizar su implementación, aunque algunos grupos advirtieron que se corre el riesgo de que quede en "papel mojado" si no se garantizan los recursos financieros.

La propuesta legislativa prevé expandir los servicios y prestaciones en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Además, planea eliminar las restricciones que prohíben la compatibilidad entre diversas prestaciones de dependencia, así como reducir el plazo de espera máximo para recibir ayudas económicas en entornos familiares.

Igualmente, establece el derecho a la teleasistencia, ampliando el apoyo en el hogar y permitiendo que las personas trabajadoras tengan acceso a servicios y prestaciones del sistema sin penalización. Otro avance significativo es la simplificación de los procesos administrativos relacionados con la discapacidad, que ahora eliminarán cargas burocráticas innecesarias, facilitando así el acceso a beneficios.

Pérez expresó su compromiso de seguir trabajando para hacer realidad esta reforma y destacó que se requiere también una revisión de las leyes autonómicas en este ámbito. Además, lanzó un mensaje claro sobre las comunidades autónomas que no cuentan con una legislación específica para abordar la discapacidad.

En 2025, también se logró la aprobación de reformas significativas en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social, con el objetivo de terminar con el despido automático de quienes adquieren una incapacidad permanente. Esta modificación representa un paso importante para erradicar una práctica discriminatoria que marginaba a trabajadores que, debido a su salud, pasaban a ser pensionistas sin motivo justo.

Pérez añadió que seguirán presionando al Gobierno en 2026 para abordar la compatibilidad entre empleo y pensiones. Así, busca que las personas en esta situación puedan recibir una compensación económica sin verse obligadas a dejar su trabajo.

Sin embargo, también lamentó que 2025 ha sido un año complicado, con persistentes problemas que afectan la calidad de vida de muchas personas con discapacidad, tales como los retrasos en la valoración del grado de discapacidad. Esta situación depende de las administraciones autonómicas y, en algunos casos, las esperas pueden extenderse hasta dos años y medio, cuando la ley estipula un plazo máximo de seis meses.

Pérez advirtió que estas demoras son inaceptables, ya que acreditarse es esencial para acceder a ayudas y recursos vitales. También mencionó que el Gobierno está evaluando el nuevo baremo de discapacidad que se implementó en 2023, y expresó la necesidad de analizar sus efectos sobre la sensibilidad hacia la discapacidad.

Finalmente, Pérez alertó sobre tendencias preocupantes que amenazan los avances sociales en Europa, señalando un posible retroceso en la continuidad del Fondo Social Europeo y una creciente militarización que podría desviar la atención de las cuestiones sociales en la agenda política de la Unión Europea.