El pasado 24 de enero, en Madrid, se llevó a cabo una importante operación de la Policía Nacional que resultó en la liberación de 15 mujeres víctimas de explotación sexual, en su mayoría de origen asiático. Estas mujeres, captadas a través de engañosas ofertas laborales en redes sociales, eran supervisadas por una organización criminal que operaba en las Islas Baleares y Barcelona, donde se arrestó a 14 personas, siete de las cuales han sido encarceladas de manera provisional.

La investigación, que inició en abril con la colaboración de la ONG Our Rescue, ha puesto al descubierto una red dedicada a la explotación sexual, que, además, se beneficiaba de la venta de sustancias estupefacientes y vigorizantes sexuales, incrementando así su rentabilidad a costa del sufrimiento ajeno.

Una de las más valientes víctimas logró escapar del entorno opresivo donde había sido forzada a prostituirse y, tras vivir situaciones de agresión, se dirigió a la policía en busca de ayuda, lo que impulsó la operación para desarticular a la organización criminal.

Las víctimas se encontraban en una situación de esclavitud moderna, siendo obligadas a estar disponibles continuamente y siendo sometidas a vigilancia estricta por parte de los miembros de la red. Adicionalmente, eran obligadas a realizar servicios a domicilio, con el control total de sus movimientos por parte de sus captores.

Las mujeres afirmaron haber llegado desde China a España bajo engañosas promesas de empleo como masajistas, cuidadoras o cocineras, con un sueldo atractivo de aproximadamente 2.000 euros mensuales. Sin embargo, la realidad era muy distinta, ya que la organización asumía sus gastos de traslado, generando una deuda imposible de saldar que las forzaba a involucrarse en el mundo de la prostitución.

Los miembros de la red organizaban los traslados de las víctimas desde la península hasta Palma de Mallorca, donde eran llevadas a prostíbulos y forzadas a prostituirse las 24 horas, todos los días de la semana. También se les exigía realizar servicios sexuales sin preservativo, lo que incrementaba las tarifas cobradas a los clientes.

Además, la red ofrecía la posibilidad de regularizar la situación migratoria de las víctimas mediante matrimonios fraudulentos a cambio de altas sumas de dinero. Una vez conseguido esto, utilizaban su identidad para acceder a servicios y recursos, encubriendo así las actividades delictivas de sus líderes.

Las autoridades han revelado que, en uno de los prostíbulos investigados, los beneficios alcanzaron la cifra descomunal de 1,2 millones de euros, evidenciando el lucrativo carácter de la explotación sufrida por estas mujeres.

Finalmente, durante los registros realizados, se hallaron cinco vehículos de lujo, 190.000 euros en efectivo, así como armamento que incluía pistolas de aire comprimido, cuchillos y otras armas. Además, se encontraron joyas, relojes y numerosos artículos de lujo, junto con documentación que acredita la naturaleza delictiva de las actividades de esta organización criminal.