BRUSELAS, 27 de mayo.

En un giro inesperado, España ha decidido no avanzar con su propuesta de reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea en la votación programada para este martes. Este cambio se debe a la presión de varias delegaciones que argumentaron que el tema es demasiado nuevo y complejo, y que aún no se han aclarado las implicaciones legales y económicas de tal decisión.

La presidencia polaca, que está al mando durante este semestre, ha propuesto aplazar la discusión sobre el asunto, según declaraciones de varias fuentes diplomáticas citadas por Europa Press.

La propuesta original, que había sido incluida en la agenda con la intención de votarla, surgió del Gobierno español, que durante las últimas semanas había intensificado sus esfuerzos para convencer a otros países de apoyar la oficialidad de estas tres lenguas cooficiales a partir de enero de 2027. Para ello, España se comprometía a asumir todos los costos asociados, al igual que lo hace la UE con otras lenguas, además de plantear un plan para una implementación parcial que excluyera la traducción de gran parte de la legislación comunitaria.

Sin embargo, tras el inicio del debate liderado por el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, las delegaciones de varios Estados miembros manifestaron su preocupación y solicitaron a España que reconsiderara la votación, sugiriendo que el tema debería discutirse más a fondo en el futuro. Estas delegaciones mencionaron que todavía subsisten serias dudas legales, económicas y prácticas que no han sido resueltas según indicaron fuentes europeas.

Varios ministros que llegaron a la reunión en Bruselas expresaron abiertamente sus reservas sobre la urgencia de votar un tema que ha tenido escaso debate entre los 27 países miembros. Entre ellos, Joakim Strand, el ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, se mostró a favor de esperar y de abordar el tema con la seriedad que merece, afirmando que aún no está suficientemente "maduro". Sus homólogos de Austria y Suecia, Claudia Plakolm y Jessica Rosencrantz, respectivamente, también subrayaron las preocupaciones legales y financieras asociadas a esta propuesta.