En una reciente declaración, Volker Turk, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, enfatizó la importancia de preservar la "autonomía" del Tribunal Constitucional en Ecuador. Este llamado se produce en un contexto de creciente tensión, debido a la marcha organizada por el presidente Daniel Noboa, quien se manifiesta contra lo que considera una interferencia judicial en las decisiones del Gobierno.

En un comunicado breve difundido a través de redes sociales, la oficina de Turk subrayó que es crucial que las autoridades aseguren la independencia del tribunal y la protección de sus jueces y personal. Asimismo, calificaron como "inaceptables" los ataques dirigidos contra la institución constitucional.

Este martes, el presidente Noboa, ataviado con un chaleco antibalas, lideró una marcha hacia el Tribunal Constitucional, que partió desde el puente del Guambra. En esta manifestación lo acompañaron el ministro del Interior, John Reimberg, y el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, en un acto que subraya la seriedad de su postura.

La controversia se intensificó cuando el Constitucional decidió suspender de manera provisional 25 artículos de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la Ley Orgánica de Inteligencia y la Ley Orgánica de Integridad Pública. Estas leyes, consideradas pilares de la administración actual, han sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones que advierten sobre su potencial violación de derechos fundamentales.

Noboa no dudó en expresar su descontento al declarar: "No podemos permitir que un grupo de nueve personas que rechazan incluso aparecer ante la cámara desmantelen leyes que aseguran la protección de todos ustedes". En su discurso, hizo un llamado a la ciudadanía a unirse y manifestarse "de manera pacífica" en defensa de sus derechos.

La suspensión de los artículos ha llevado a la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, a comparecer públicamente, flanqueados por efectivos policiales y militares. Su firme rechazo a la decisión judicial ha suscitado una nueva ola de críticas, especialmente desde organizaciones como Human Rights Watch (HRW), que abogan por la protección del estado de derecho en el país.