En un nuevo giro hacia la mejora de la vivienda en España, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se apresta a revelar el ambicioso Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030. Esta presentación se llevará a cabo este miércoles por la tarde y contará con la participación de destacadas organizaciones sindicales como UGT y CCOO, así como de asociaciones empresariales como Seopan, CNC y APCE. La propuesta busca un aumento significativo en la financiación de políticas de vivienda, con el objetivo de alcanzar los 7.000 millones de euros.

Este evento marca el inicio de una audiencia pública previa al Proyecto de Real Decreto, cuyo objetivo es que el plan sea discutido y aprobado por el Consejo de Ministros en la segunda mitad de diciembre, antes de su implementación en el año siguiente. Rodríguez subraya la importancia de este paso en la senda hacia un acceso más equitativo y sostenible a la vivienda en el país.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra reveló un calendario que incluye una reunión multisectorial con las Comunidades Autónomas programada para finales de septiembre, donde se abordarán los detalles de este renovado enfoque estatal sobre vivienda.

Una de las principales innovaciones de este nuevo plan es la intención de triplicar la inversión en comparación con anteriores iniciativas y garantizar una protección robusta del parque público de viviendas, acercándose así a estándares europeos tanto en volumen como en seguridad habitacional.

El enfoque financiero del plan se divide en un 60% de inversión estatal, mientras que las Comunidades Autónomas se encargarán del 40% restante, creando un modelo colaborativo que busca maximizar el impacto de los recursos en la mejora de la vivienda.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se fundamenta en cinco ejes estratégicos: fomentar la construcción y adquisición de vivienda pública, mejorar la rehabilitación para optimizar la eficiencia y accesibilidad, desarrollar apoyos específicos que faciliten la emancipación juvenil, disminuir la carga económica del acceso a la vivienda, y abordar las dificultades en las zonas donde el mercado está más tensionado.

Además, se ha establecido que una porción significativa de los fondos, hasta un 40%, se destinará a aumentar la oferta de vivienda pública, mientras que el 30% se empleará en la rehabilitación de viviendas y barrios bajo criterios de eficiencia energética. El remanente se asignará a ayudas emergentes que apoyen la emancipación juvenil, reduzcan el esfuerzo financiero y fortalezcan el alquiler asequible, todo ello centrado en quienes más requieren de este respaldo.