En una noticia que ha causado gran expectación, Rosa Martínez Rodríguez, exdiputada de Equo, ha sido nombrada como nueva secretaria de Estado de Derechos Sociales. Esta información fue confirmada por fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo, liderado por Pablo Bustinduy. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar oficialmente su nombramiento este martes 28 de noviembre.

Es importante destacar que Rosa Martínez Rodríguez no es afiliada a Podemos y nació en León el 7 de agosto de 1975. Aunque reside en Euskadi, obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas en la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid (UCM), y más tarde continuó su formación con un posgrado en Historia.

En cuanto a su trayectoria profesional, se resalta que Martínez ha trabajado como experta independiente para la Comisión Europea y hasta ahora ejercía como profesional en la Fundación Europea para el Clima (European Climate Foundation), donde estaba a cargo de proyectos relacionados con la lucha contra la crisis climática.

Además, se destaca que Rosa Martínez Rodríguez fue diputada por Vizcaya durante las legislaturas XI y XII, representando al partido Equo. Primero formó parte de una coalición con Podemos y luego se unió a Unidas Podemos. Durante este periodo, desempeñó cargos importantes, como la Portavocía del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea en la comisión de Ciencias, Innovación y Universidades, y también fue portavoz adjunta en la Comisión de Energía.

Según indican las fuentes del Ministerio, la incorporación de Rosa Martínez como secretaria de Estado de Derechos Sociales y Agenda 2030 implicará la continuación del excelente trabajo realizado por Nacho Álvarez en esta área. Asimismo, Martínez aportará una visión ecosocial basada en derechos y justicia social, lo que ayudará a ampliar la visión de los derechos sociales en un contexto político y social cada vez más complejo.

El departamento de Pablo Bustinduy ha enfatizado que la trayectoria política y profesional de Rosa Martínez le ha permitido profundizar en una amplia variedad de políticas públicas relacionadas con la transición ecológica justa, desde una perspectiva laboral, de igualdad y de género. Esta perspectiva es fundamental para ampliar la concepción de los derechos sociales y hacer frente a la creciente crisis climática.

En palabras del ministro Pablo Bustinduy durante la ceremonia de toma de posesión, "en la hora de la crisis climática, los derechos sociales no deben ser solo una forma de protección ante emergencias, sino el pilar para construir una economía y una sociedad distintas y mejores".