En un avance significativo en la lucha contra los abusos dentro de la Iglesia, asociaciones que representan a las víctimas de estos actos han acogido con satisfacción el acuerdo alcanzado recientemente entre el Gobierno español y la Conferencia Episcopal. Sin embargo, las organizaciones han expresado su preocupación por ciertos aspectos, como el corto plazo de un año (posible extensión a dos) para que las víctimas presenten sus denuncias, así como la falta de criterios claros para las indemnizaciones.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tiene previsto reunirse con las víctimas en Madrid para detallar los términos del acuerdo, de acuerdo a las declaraciones de varias asociaciones participantes.

Manuel Barbero, fundador de l'Associación Mans Petites y padre de una víctima del caso Maristas, ha catalogado el acuerdo como "histórico", aunque se mostró escéptico respecto a su implementación. Criticó especialmente el breve plazo otorgado a las víctimas, argumentando que el tiempo que necesitan para decidirse a presentar una denuncia puede ser considerablemente mayor.

Barbero subrayó que "un año no es suficiente" y recordó que el daño sufrido por las víctimas no puede compensarse con ninguna cantidad de dinero. Relató el caso de su hijo, quien fue indemnizado con 60.000 euros, pero que aún enfrenta un profundo sufrimiento. "Ese dolor no se puede medir en euros", lamentó.

En cuanto al papel del Defensor del Pueblo en el proceso, Barbero se mostró más confiado en su mediación comparado con el anterior sistema gestionado por la Iglesia, el cual calificó de "deficiente" y "retraumatizador" para muchas víctimas.

Por otro lado, Miguel Hurtado, quien destapó el caso de abusos en la Abadía de Montserrat, también comentó sobre los aspectos positivos y negativos del acuerdo. Reconoció la importancia de que un órgano público gestione las solicitudes de indemnización, en contraposición a la gestión interna de la Iglesia, que ha dejado mucho que desear. Sin embargo, también criticó el cronograma impuesto y la falta de baremos claros para compensaciones.

Hurtado apuntó que países como Irlanda han establecido plazos mucho más amplios para la gestión de estos casos, sugiriendo que España podría seguir su ejemplo. También destacó la necesidad de establecer leyes que impidan la prescripción de los delitos de pederastia, algo que ha sido bloqueado en el pasado por el ministro Bolaños.

Marcos Leyún, presidente de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra, expresó su satisfacción por el acuerdo, señalando que demuestra un cambio en la postura de la Iglesia respecto a su pasado de encubrimiento de delitos. Sin embargo, se mostró cauteloso respecto a la eficacia del acuerdo si no se implementa de manera efectiva.

Leyún también comentó sobre su preocupación de que el Estado no deba asumir la carga financiera de las indemnizaciones, algo que ha sido una línea roja en el discurso del Gobierno. Su deseo es que la Iglesia sea la única responsable de cubrir esos gastos, en un acto que consideraría una verdadera reparación.

El portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, consideró el acuerdo como "viable y transparente", resaltando el esfuerzo de las organizaciones de víctimas y del Ministerio de Justicia en el proceso. Alentó a todos los implicados a actuar con criterio y a seguir las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

En un tono de reflexión, Cuatrecasas recordó a aquellos que han perdido la vida en la lucha por justicia y reparación, rindiendo homenaje a las víctimas que ya no están y agradeciendo su valentía y esfuerzo en un camino tan complicado.