El grupo político Sumar ha decidido respaldar el pedido de suplicatorio que ha sido solicitado por el Tribunal Supremo (TS) al Congreso, el cual busca suspender la inmunidad parlamentaria del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para poder investigar su posible implicación en hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Los representantes de Sumar han enfatizado que su compromiso con la "transparencia y la lucha contra la corrupción" son principios fundamentales que rigen su actuación como aliado minoritario en el Gobierno. En esta línea, han manifestado que es esencial “ir hasta el final” para esclarecer cualquier eventualidad relacionada con estas acusaciones, sin importar su origen ni a quiénes afecte.

Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también ha expresado su intención de apoyar en el Congreso la concesión del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para llevar a cabo una investigación sobre el exministro en el marco del conocido ‘caso Koldo’.

En un contexto similar, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha declarado la firme posición de su formación a favor de las investigaciones judiciales vinculadas a la presunta corrupción, reafirmando su postura contundente en este ámbito.

“Nuestra máxima es que no toleramos la corrupción bajo ninguna circunstancia, caiga quien caiga. Por supuesto, esto implica un total respeto hacia los procedimientos judiciales y un firme apoyo a las indagaciones que surjan al respecto”, comentó a los medios en los pasillos del Congreso.

El juez encargado del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha destacado que “ha llegado un momento en el que la existencia de indicios sólidos” sobre la posible participación de Ábalos en los delitos señalados hace crucial la obtención de la autorización de la Cámara, conforme a lo estipulado en la Constitución. Este proceso requerirá la remisión de una exposición razonada al presidente de la Sala Penal del Supremo, para que se concrete el trámite correspondiente.