La situación política en el Congreso se torna incierta ante la inminente derrota del proyecto de ley de reforma laboral, una de las propuestas más emblemáticas de la actual legislatura. No obstante, desde Sumar y sus aliados defienden que este revés no debe obnubilar la viabilidad de la legislatura, respaldada por un importante apoyo social.

A pesar del inminente golpe que se anticipa por parte del PP, Vox y Junts, integrantes de la coalición de Sumar han reafirmado su confianza en la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Consideran que su gestión va más allá de la mera reducción de la jornada laboral, destacando un historial de logros significativos en el ámbito laboral que deben seguir adelante.

Dentro del grupo, algunos analistas reconocen que la decisión de Junts de mantener su enmienda a la totalidad puede complicar las cosas, pero no es un motivo para caer en el desánimo. La postura de Junts, según varios sectores, es parte de una estrategia más amplia que busca posicionarse como un partido de derechas en Cataluña, alineándose con intereses empresariales locales.

De hecho, se sugiere que el rechazo de Junts podría ser un mensaje al Gobierno sobre la falta de atención a sus demandas, incluyendo el despliegue incompleto de la Ley de Amnistía, que aún no cubre a su líder Carles Puigdemont. Sin embargo, en el seno de Sumar la mayoría sostiene que es importante mantener el debate público para esclarecer las posturas políticas de cada partido.

La creencia predominante es que, aunque la percepción de pérdida pueda afectar a la coalición, la movilización social en torno a la reforma laboral puede reorientar la narrativa política en beneficio de Sumar. "No todas las victorias deben constar en el boletín oficial", afirman, enfatizando la necesidad de dar visibilidad a los temas relevantes, independientemente del desenlace parlamentario.

Además, los líderes de Sumar ofrecen un enfoque positivo, afirmando que la legislatura aún tiene muchos proyectos por desarrollar, incluso en medio de un contexto parlamentario complicado. Se subraya que la oposición carece de alternativas viables, lo que refuerza la posición del Gobierno en sus iniciativas sociales.

La gestión de Díaz no se limita a la reducción de jornada, subrayan, sino que también abarca importantes reformas laborales como la Ley Riders y aumentos en el salario mínimo. Con todo, algunos miembros de la coalición sugieren que la eventual desaprobación de esta reforma podría abrir la puerta a un momento propicio en el futuro para retomar el debate cuando se alineen mejor las circunstancias políticas.

Con respecto al rechazo de Junts, muchos creen que sus motivaciones responden más a cálculos políticos que a cuestiones técnicas. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha expresado que votar en contra de la reforma es un acto en contra de los trabajadores que sostienen el país, destacando la importancia de una jornada laboral adecuada.

En este marco, Barbero ha instado a la oposición a reflexionar y unirse a un cambio que es esencial para avanzar, advirtiendo que sus acciones están negando oportunidades a la clase trabajadora. Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, critica la postura de la oposición como “irresponsable” y “esclavista”, mientras que Gerardo Pisarello, de En Comú, ha cuestionado las razones detrás de la negativa de PP, Vox y Junts a avanzar con esta legislación, argumentando que beneficiaría a un gran número de trabajadores.

Finalmente, la crítica se dirige a Junts por aliarse con la oposición, sin considerar cómo su decisión afecta a la población trabajadora que podría beneficiarse de esta ley, lo que genera un fuerte malestar y cuestionamientos sobre sus verdaderas intenciones en este crucial debate laboral.