24h España.

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Trabajo lanza una nueva Comisión de Expertos para desarrollar la Estrategia Española de Responsabilidad Social Empresarial.

Trabajo lanza una nueva Comisión de Expertos para desarrollar la Estrategia Española de Responsabilidad Social Empresarial.

La responsabilidad social empresarial se presenta como una oportunidad esencial para transformar la economía y mejorar la calidad de vida, según Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.

En un evento celebrado en Madrid, Díaz anunció la creación de la nueva Comisión Internacional de Personas Expertas en Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), un grupo compuesto por diez especialistas de renombre nacional e internacional que trabajarán en el desarrollo de una Estrategia Española en este ámbito.

Esta comisión, destinada a redefinir el enfoque de la RSE en España y adaptarlo a los desafíos actuales, será dirigida por el catedrático Jesús Cruz Villalón, de la Universidad de Sevilla. Su meta es elaborar un informe que sentará las bases de esta nueva estrategia en materia de responsabilidad social empresarial.

En la jornada inaugural de la comisión, se estableció un cronograma de trabajo que finalizará en diciembre, momento en el que se espera presentar oficialmente el documento con las nuevas directrices.

“Nuestro desafío es forjar un nuevo modelo empresarial que sea más justo, feminista, sostenible y democrático”, afirmó Díaz durante una rueda de prensa, haciendo hincapié en que “las empresas deben verse como partícipes de un diálogo democrático, no como entidades atacadas”. Reiteró que “la responsabilidad social no es una carga, sino una vía para enriquecer tanto la economía como la vida cotidiana”.

Díaz también subrayó la importancia de que el sector productivo asuma su papel, enfatizando que es crucial que las grandes empresas reconozcan su impacto no solo en términos de beneficios económicos, sino también en sus efectos sociales, laborales y medioambientales.

En otro asunto relevante, la ministra anunció que el Gobierno está trabajando para reactivar el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), que ha permanecido inactivo durante más de diez años. “Es inconcebible que un organismo clave de gobernanza empresarial haya estado fuera de funcionamiento tanto tiempo”, lamentó.

A nivel europeo, Díaz criticó la tendencia de algunos países miembros de la Unión Europea a promover una narrativa de "sobrerregulación laboral", señalando que las políticas históricas de la comunidad han estado marcadas por la desregulación que debilita el Estado del bienestar.

Durante su intervención, Jesús Cruz Villalón, quien liderará el grupo de expertos, destacó que la comisión se compone de profesionales de diversas áreas que ofrecerán una perspectiva crítica, pero viable, sobre la Responsabilidad Social Empresarial.

Además de Villalón, el equipo incluye a destacados académicos como Margarita Baraño de la Universidad Complutense, Wilfredo Sanguineti de la Universidad de Salamanca, Marta de la Cuesta González de la UNED, María del Mar Alonso-Almeida, y Beatriz Fernández-Olit, especialista en gestión empresarial.

También participarán en el grupo Orencio Vázquez Oteo de la UNED, Isabelle Daugareilh del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, Silvia Borelli de la Universidad de Ferrara y Lára Jóhannsdóttir de la Universidad de Islandia.

La conferencia de prensa contó con la intervención de Beatriz Fernández-Olit y Orencio Vázquez Oteo, quienes coincidieron en señalar que la RSE debe ser considerada una herramienta estratégica fundamental para la creación de un modelo productivo más resiliente y equitativo. Fernández-Olit argumentó que las empresas que incorporan la sostenibilidad en su núcleo están mejor posicionadas para enfrentar crisis económicas futuras.

Por su parte, Vázquez Oteo enfatizó que “la RSE ha dejado de ser opcional o un mero recurso de marketing. Ahora exige estructuras efectivas, datos que puedan ser verificados y una regulación sensata”. Asimismo, subrayó que la banca tiene un papel crucial en la financiación de la transición ecológica y social, defendiendo que es imperativo asegurar que los fondos se dirijan a proyectos que respeten los derechos humanos y promuevan la igualdad y la descarbonización.