En una reciente reunión de la mesa de diálogo social, el Ministerio de Trabajo ha dado a conocer un acuerdo logrado con los sindicatos CCOO y UGT que contempla un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3,1% para el año 2026, elevándolo a 1.221 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. Esta regulación entrará en efecto de manera retroactiva desde el 1 de enero, según ha informado Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.

Pérez Rey ha expresado su decepción por la falta de participación de las patronales CEOE y Cepyme en este acuerdo, declarando que, a pesar de los esfuerzos realizados para incluirlas en las negociaciones, no se logró su colaboración. “Hemos trabajado intensamente, ofreciendo propuestas y soluciones, pero lamentablemente, su presencia no fue posible”, añadió el secretario de Estado.

Este ajuste en el SMI significa un incremento de 37 euros mensuales respecto a la cifra del 2025, que se situaba en 1.184 euros, lo que se traduce en un aumento anual de 518 euros, sin tener en cuenta el IRPF. Cabe destacar que este es el sexto año consecutivo en el que el Gobierno establece el aumento del SMI en colaboración con los sindicatos, excluyendo a las patronales. La última vez que CEOE y Cepyme apoyaron un aumento del SMI fue en 2020.

Adicionalmente, Pérez Rey ha asegurado que el Ministerio de Trabajo se compromete a llevar a cabo una reforma del decreto actual sobre salarios mínimos. Esta reforma buscará garantizar que los complementos salariales no sean absorbidos por el aumento del SMI, una solicitud insistente de los sindicatos.

“Gracias a este acuerdo con las organizaciones sindicales, se implementará una modificación en las normas de absorción y compensación, garantizando que estos 37 euros adicionales beneficien directamente a los trabajadores, sin que se pierdan en el camino”, enfatizó el secretario de Estado.

Pérez Rey también aclaró que la reforma se realizará mediante un Real Decreto para adaptar la directiva europea sobre salarios mínimos, eludiendo la necesidad de un proyecto de ley, y argumentó que el Ministerio cuenta con la base jurídica necesaria para proceder por esta vía, a pesar de las reticencias de la patronal.

Además de los cambios en las reglas de compensación, se integrarán otros elementos que demanda Europa, incluyendo el funcionamiento de la Comisión de Expertos del SMI, según explicó Pérez Rey.

Sin embargo, la mesa de negociación no abordó la reciente propuesta del Ministerio de Hacienda de implementar un incentivo fiscal para incentivos salariales superiores al SMI, lo que denotó una falta de consenso. Pérez Rey reconoció que esta no era la opción deseada por Trabajo, que busca indexar el SMI a los contratos públicos.

El secretario de Estado también manifestó que, tras una rápida reacción negativa de la patronal a la propuesta planteada por Hacienda, se decidió no incluirla en el diálogo social. “No estamos aquí para perder tiempo”, enfatizó Pérez Rey.

Para el secretario de Estado, todo el proceso de negociación demuestra el compromiso del Gobierno por fomentar el diálogo social y establecer un marco más accesible para futuros acuerdos entre patronal y sindicatos. “Hemos hecho esfuerzos sinceros para integrar a la patronal en este diálogo constructivo, pero a pesar de nuestras intenciones, no ha habido respuesta. La rápida descalificación de nuestras propuestas es algo que lamento profundamente”, concluyó Pérez Rey.