En un movimiento de tensión creciente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado la decisión de desplegar 300 agentes de la Guardia Nacional en Chicago, Illinois, a pesar de la oposición expresada por el gobernador de este estado, JB Pritzker. Esta acción se produce en un contexto donde Trump sugiere que podría invocar la controvertida Ley de Insurrección para movilizar aún más recursos militares en diversas ciudades del país.

Desde la Casa Blanca, Trump afirmó que ha considerado esta medida debido a la violencia que ha asolado varias áreas urbanas. “Si los muertos comienzan a acumularse y las acciones de los tribunales nos limitan, no dudaría en recurrir a la Ley de Insurrección”, afirmó el presidente. Esta declaración ha generado alarmas, ya que implica una posible militarización en respuesta a situaciones civiles.

El presidente también subrayó su intención de prevenir muertes, destacando que no es solo el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien se ha mostrado dispuesto a ofrecer apoyo militar. De hecho, Abbott ha autorizado el envío de 400 miembros de la Guardia Nacional a varias localidades, lo que incluye Chicago y Portland, creando un panorama en el que las decisiones estatales y federales parecen estar chaqueando una creciente tensión entre gobernadores y la administración federal.

La movilización de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump ha sido calificada por Pritzker como una “invasión” y rechazada enérgicamente por las autoridades locales, quienes consideran que esta acción es no solo ilegal, sino que también pone en riesgo la seguridad pública. Según el documento que autoriza el despliegue, los efectivos militares estarán bajo el mando del secretario de Defensa, Pete Heghseth, y su misión es asegurar el cumplimiento de la ley federal en Illinois durante un período de hasta 60 días.

La respuesta de los funcionarios de Illinois ha sido contundente, considerándola no solo peligrosa, sino también inconstitucional. La administración Trump enfrenta un creciente escrutinio y críticas por su enfoque hacia la seguridad pública y su aparente disposição a utilizar la fuerza militar en un contexto civil.

Pritzker, citando la retórica incendiaria de Trump, ha alegado que el objetivo detrás de estas acciones es crear un clima de caos que serviría como justificación para la invocación de la Ley de Insurrección. En respuesta, Trump lo ha calificado de "incompetente", lo cual refleja el aumento de la polarización política en el país.

Este no es el primer indicio de que la administración Trump contemplara el uso de la Ley de Insurrección; en junio, el presidente ya pensó en invocarla en respuesta a las protestas en Los Ángeles, donde acusó a los manifestantes de ser parte de una supuesta insurrección por sus movilizaciones relacionadas con la política de inmigración. Este contexto ha exacerbado la percepción de una creciente militarización de la respuesta gubernamental a las protestas y tensiones civiles en todo el país.