El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid ha convocado al comisario principal José Ángel González, actual director adjunto operativo de la Policía Nacional, tras recibir una denuncia por parte de una mujer que lo acusa de agresión sexual. Este caso ha puesto nuevamente en la mira la cuestión del abuso de poder dentro de las instituciones, particularmente en cuerpos de seguridad.

En un auto judicial al que tuvo acceso la agencia Europa Press, se informa que González será interrogado “en calidad de querellado”. Además, la declaración de la víctima está programada para el 17 de marzo a las 10:30 horas, lo que evidencia la seriedad del asunto que se investiga.

El juez ha indicado que los hechos denunciados sugieren la posible existencia de delitos de agresión sexual, por lo que el caso está bajo la jurisdicción de su tribunal. Se prevé que se realicen las diligencias necesarias para determinar la veracidad de las acusaciones y el procedimiento a seguir en este contexto tan delicado.

La querella, presentada por la abogada de la víctima, menciona no solo agresiones sexuales, sino también coacciones, lesiones psíquicas y la malversación de fondos públicos, en un contexto marcado por la supuesta superioridad del acusado en la jerarquía policial.

La denunciante, que también es parte de la Policía Nacional, mantuvo una relación afectiva con González, la cual estuvo marcada por una clara asimetría de poder desde el inicio. Según el documento, esta situación fue utilizada por el comisario como una herramienta para ejercer control sobre ella, a pesar de sus intentos por finalizar la relación.

El escrito detalla que la relación se terminó de manera unilateral por parte de la víctima, lo que provocó en González una reacción de obsesión y acoso que culminó en los hechos denunciados, presuntamente acaecidos el 23 de abril de 2025. Ese día, durante su servicio en la comisaría de Coslada, González habría exigido la presencia de la mujer con insistencia, utilizando su autoridad para convocarla de forma urgente.

A pesar de la insistencia y las negativas por parte de la víctima, el comisario hizo uso de un vehículo policial para retirarla de su puesto de trabajo, llevándola a un restaurante donde se encontraba con otro colega. Posteriormente, la mujer se sintió incómoda con la propuesta de subir a la vivienda de González, aunque terminó accediendo a ello.

Ya en el domicilio, el DAO supuestamente comenzó a realizar avances de naturaleza sexual, los cuales fueron rechazados por la víctima de manera clara y contundente. Sin embargo, a pesar de sus negativas, González continuó con un comportamiento agresivo y coercitivo, aprovechando la situación de aislamiento y su posición de poder.

El relato de la querella detalla múltiples intentos de contacto físico no consensuados por parte del comisario. Cuando finalmente logró zafarse de él y abandonar el lugar, la víctima regresó a la comisaría de Coslada para dejar el vehículo que había usado y se retiró a su hogar.

Después de este incidente, González inició una serie de actos de acoso continuo, incluyendo numerosas llamadas telefónicas, en un intento por mantener el control sobre la mujer, minimizar la gravedad de sus acciones y, de alguna manera, ofrecer compensaciones laborales para silenciar la situación. Este caso resalta la urgencia de abordar el tema del acoso en el ámbito laboral, especialmente en instituciones donde se presume que la autoridad debe estar al servicio de la justicia y no al abuso del poder.