En Madrid, el 9 de abril, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) ha expresado su desacuerdo con la reciente propuesta del Gobierno que sugiere requisitos más estrictos para mantener el estatus universitario. Uno de los aspectos más controvertidos es la imposición de un mínimo de 4.500 estudiantes matriculados, algo que la CCS considera que desvía la atención de lo verdaderamente importante: la calidad educativa. Esta calidad debería evaluarse mediante criterios objetivos y globales, realizados por agencias independientes que garanticen resultados veraces y fiables.

Además, la CCS ha señalado que la obligación de ofrecer titulaciones en al menos tres ramas del conocimiento podría obstaculizar la creación de universidades especializadas, que juegan un papel crucial en el actual escenario de formación y empleo. Esta visión resalta la necesidad de un enfoque que favorezca la especialización educativa adaptada a las demandas contemporáneas.

A pesar de sus críticas, el organismo valora positivamente el esfuerzo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por modernizar el marco normativo que regula las universidades privadas en España. Durante el periodo de consulta pública, la CCS ha presentado recomendaciones para que la nueva normativa refleje adecuadamente las realidades y desafíos del sistema universitario y garantice una educación accesible y comprometida socialmente.

Los Consejos Sociales, que actúan como representantes de la comunidad en la gestión universitaria, tienen la responsabilidad de supervisar tanto las actividades académicas como las económicas de las universidades y asegurar un funcionamiento eficiente de sus servicios.

En su propuesta, la CCS aspira a encontrar un balance entre calidad educativa y flexibilidad institucional, evitando rigideces que puedan limitar la innovación y el crecimiento sostenible del sistema universitario. Aseguran que los requisitos de calidad deben ser exigentes, pero sin que se conviertan en obstáculos para la diversidad y la innovación institucional.

Asimismo, apoyan la reforma planteada como un paso necesario para la evolución del sistema y aprecian que el borrador contempla mejoras en gobernanza y calidad. La CCS resalta que cada universidad debe cumplir con sus tres funciones esenciales: docencia, investigación y transferencia de conocimiento, subrayando que centrarse únicamente en la enseñanza comprometería su esencia educativa.

En cuanto a la educación virtual, la Conferencia se opone a que estas universidades sean evaluadas mediante un procedimiento diferente al de las universidades presenciales. Abogan por que todos los centros se sometan a evaluaciones de calidad sin importar su modalidad, lo que garantizaría una igualdad de estándares.

La CCS también hace un llamado a incrementar la autonomía y recursos de las agencias de calidad, así como su reconocimiento internacional, para que puedan operar sin interferencias políticas, lo que garantizaría una mayor integridad en sus funciones de evaluación.

En un aspecto positivo, celebran la instauración de una comisión que trabaje hacia que el 1% del PIB sea destinado a la financiación de las universidades públicas, una medida considerada fundamental para que estas instituciones puedan afrontar los nuevos requerimientos del decreto.

La Conferencia enfatiza la necesidad de que las universidades hagan públicos de manera transparente sus resultados académicos y de investigación, además de implementar sistemas internos que eviten irregularidades en la entrega de títulos. Este enfoque podría aumentar la confianza pública en el sistema universitario y mejorar su rendición de cuentas.

Por otro lado, respaldan la limitación de la enseñanza en universidades privadas por parte de profesores públicos a tiempo completo, pero añaden que es necesario establecer una regulación más clara y mecanismos efectivos de control para evitar abusos.

La CCS también ha manifestado su preocupación por la redacción actual del decreto, que podría generar confusión respecto a la posibilidad de que universidades tengan centros asociativos que ofrezcan programas no oficiales, como microcredenciales o formación continua, elementos que son vitales para promover el aprendizaje a lo largo de la vida.

El decreto sugiere que cada universidad solo pueda presentar cinco nuevas titulaciones y cinco modificaciones por curso, una medida que la CCS considera poco viable. Argumentan que este límite no considera el tamaño, la estrategia o la madurez institucional de cada universidad y proponen en su lugar una planificación más coordinada y flexible.

Finalmente, la CCS hace un llamado al diálogo constructivo y se ofrece para colaborar en la mejora del sistema universitario, defendiendo un modelo educativo plural, de alta calidad y socialmente responsable.