La comisión directiva del Congreso de los Diputados ha dejado claro que no tienen intención de modificar sus normas en relación a la situación del exministro José Luis Ábalos, a pesar de las recomendaciones del juez Leopoldo Puente en el contexto del caso Koldo. En una reciente declaración, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso y miembro del Partido Socialista, destacó que estas sugerencias judiciales son inapropiadas y no se ajustan a los procedimientos legislativos establecidos.

El magistrado Puente expresó en su auto su desconcierto por el hecho de que Ábalos pueda continuar ocupando su escaño, a pesar de los “indicios sólidos” que apuntan a la posible comisión de delitos graves. Esta opinión ha generado descontento en el grupo socialista dentro de la Mesa del Congreso, que considera que el juez ha sobrepasado sus funciones al incursionar en el terreno político, sugiriendo cambios normativos que escapan de su autoridad.

En su intervención, Gómez de Celis sugirió que si el juez tiene ideas sobre cómo debería funcionar el Congreso, lo más apropiado sería que se presentara a unas elecciones. “Cualquier ciudadano puede hacer propuestas sobre el funcionamiento de nuestras instituciones, pero la forma de llevarlo a cabo es participando en la política activa. Que presente su candidatura y opine en el debate democrático”, agregó.

El juez Puente, en su comunicación, subrayó que el principio de presunción de inocencia no debería ser un impedimento para que se establezcan mecanismos que impidan que Ábalos conserve su acta de diputado. Recordó que la normativa actual permite la suspensión de derechos parlamentarios si se decretara prisión preventiva, pero esta medida requiere un auto de procesamiento firme, algo que al momento no se ha producido en el caso de Ábalos.

Según el juez, es fundamental que las normas del Congreso sean revisadas para evitar situaciones en las que un diputado, bajo sospecha de haber perpetrado “delitos muy graves”, mantenga su escaño. Sin embargo, Gómez de Celis se mostró rotundo al afirmar que la posibilidad de cambiar el Reglamento no está en la agenda. “No estamos considerando esa opción”, enfatizó.

La propuesta del magistrado ha causado malestar entre los socialistas, quienes apuntan que cualquier cambio normativo es competencia exclusiva del Parlamento, y no del Poder Judicial. Además, reiteraron que cualquier modificación que se realice en el futuro no podría aplicarse de forma retroactiva a situaciones ya existentes.

Desde las instituciones del Congreso también recordaron a Puente que existe un artículo en el reglamento que establece que el Tribunal Supremo debe comunicar cualquier decisión que afecte a Ábalos. Sin embargo, señalaron que no han recibido ninguna notificación reciente sobre las determinaciones del magistrado en este caso.

Por último, se puso de manifiesto que, de haber ordenado el juez la prisión de Ábalos, sus derechos parlamentarios habrían sido automáticamente suspendidos. Este matiz es crucial, ya que en los procedimientos abreviados, como el que actualmente lleva Puente, no se establece un “auto de procesamiento firme” que justifique la suspensión inmediata de derechos, según la interpretación de los letrados del Congreso.