BRUSELAS, 14 de febrero.

En un contexto de creciente tensión geopolítica, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha dado un paso audaz al proponer una suspensión temporal de las reglas fiscales de la UE para facilitar las inversiones en defensa. Esta medida evoca acciones similares tomadas en 2020, cuando se activó la cláusula de escape para abordar la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, von der Leyen enfatizó la urgencia de esta iniciativa. "Nos encontramos en un nuevo periodo de crisis que justifica un enfoque similar", afirmó, marcando un claro llamado a la acción para fortalecer la defensa europea en el contexto actual.

Actualmente, los Estados miembros de la UE están invirtiendo alrededor del 2% de su PIB en defensa. Sin embargo, la cifra ha aumentado significativamente, pasando de poco más de 200.000 millones de euros antes del inicio del conflicto en Ucrania a más de 320.000 millones proyectados para 2024. Von der Leyen ahora urge a incrementar este gasto de forma "considerable".

"Elevar el gasto del 2% a más del 3% representa cientos de miles de millones adicionales cada año, lo que requiere un enfoque audaz y decidido", subrayó, haciendo hincapié en la necesidad de transformar las capacidades defensivas de Europa.

La propuesta de von der Leyen permitiría a los Estados miembros aumentar sus gastos de defensa de manera "controlada y condicionada". Para ello, se plantea un paquete integral de "herramientas personalizadas" que se adaptarán a las circunstancias específicas de cada país, abordando así las necesidades particulares de cada capital europea.

La cláusula de escape había permitido a los gobiernos europeos mantener congeladas las normas fiscales durante cuatro años, brindando la flexibilidad necesaria para gestionar los gastos inesperados derivados de la pandemia. Este mecanismo suspendió temporalmente los límites del 3% de déficit y del 60% de deuda, normas que habitualmente rigen las finanzas de los Estados miembros.

Sin embargo, el 30 de abril de 2024, estos umbrales volverán a estar en vigor con la implementación de una reforma que busca otorgar a los gobiernos un mayor control sobre sus políticas fiscales, adaptando los marcos a las realidades de cada país para evitar restricciones excesivas.

Este nuevo enfoque ya contempla ciertas flexibilidades en áreas consideradas prioritarias por la Comisión Europea, incluyendo la defensa, la transición ecológica y digital, y el gasto social.

Particularmente, países como España podrían beneficiarse de este relajamiento de las reglas fiscales. Con un gasto en defensa del 1,28%, España se encuentra por debajo del objetivo del 2% acordado por los aliados de la OTAN en 2014, un compromiso que solo han alcanzado 23 de los 32 miembros hasta la fecha.