En una polémica decisión, el Tribunal de Primera Instancia de Túnez ha ordenado la prisión de la abogada y columnista Sonia Dahmani. Esta medida se tomó después de que Dahmani afirmara en un programa de televisión que en el país todavía existen prácticas racistas, lo que llevó a considerar sus comentarios como una forma de difundir rumores falsos y promover la violencia, además de difundir discursos de odio entre la población.

Según el portavoz del tribunal, Muhamad Zaitune, se ha iniciado una investigación debido a que, según él, Dahmani utilizó su presencia en televisión para acusar al pueblo tunecino de racismo, como informó la emisora Mossaique FM.

El abogado de la columnista, Sami Ben Ghazi, ha señalado en su cuenta de Facebook que esta orden de prisión se basa en el decreto 54, una ley aprobada en 2022 que ha generado preocupación en numerosas organizaciones de la sociedad civil e internacionales, por considerar que podría limitar la libertad de expresión.

Hay que recordar que Dahmani ya había sido detenida a mediados de mayo por hacer comentarios sarcásticos sobre la situación del país, cuestionando la situación de los jóvenes que querían emigrar.

Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones de Túnez ha sentenciado a dos meses de prisión suspendida al periodista Mohamed Bughlab, acusándolo de ejercer deliberadamente una actividad profesional remunerada sin los permisos correspondientes.

La oposición, principalmente representada por el Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde hace más de dos años la deriva autoritaria del presidente Kais Saied, exigiendo su dimisión. Esto se debe principalmente a la represión de opositores, activistas y periodistas, así como a las bajas tasas de participación en las elecciones y referéndums celebrados bajo su mandato.

Saied asumió poderes adicionales en 2021 al cerrar el Parlamento dominado por Ennahda y gobernar por decreto, antes de asumir el control del poder judicial. Esta acción, considerada por muchos como un autogolpe de Estado, le permitió consolidar su autoridad sobre todas las instituciones estatales en Túnez.