 
                                        En un acto que ha intensificado la controversia política en Francia, un grupo de alrededor de 30 abogados ha interpuesto una denuncia contra el Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ante el Tribunal de Justicia de la República. Esta acción surge tras su visita a Nicolas Sarkozy, el expresidente encarcelado desde el 21 de octubre por un caso que involucra fondos ilícitos provenientes del régimen de Muamar Gadafi durante su campaña electoral de 2007.
Los letrados argumentan que la intervención de Darmanin en este caso es inapropiada, ya que implica un conflicto de intereses. Según su escrito, el ministro, a pesar de no tener autoridad decisoria sobre la Fiscalía, mantiene un poder indirecto debido a su posición jerárquica. Esta relación de poder, afirman, compromete la imparcialidad que debería caracterizar a un funcionario en su posición.
Además, los abogados enfatizan que la cercanía personal entre Darmanin y Sarkozy no puede ser ignorada. Los dos han compartido una larga amistad, lo que, según los denunciantes, plantea serias dudas sobre la objetividad del ministro al tratar cuestiones judiciales relacionadas con su antiguo colega. La denuncia sugiere que esta afinidad personal puede influir en su juicio y decisiones, lo que es problemático para alguien en su cargo.
Durante su visita a la prisión, Darmanin insistió en que sus encuentros con Sarkozy no son un intento de interferir en el sistema judicial, sino una responsabilidad para garantizar que se cumplan las condiciones de seguridad adecuadas para un caso de tal relevancia. Sin embargo, la declaración ha sido recibida con escepticismo dado el contexto político y judicial que rodea al expresidente.
Sarkozy, que enfrenta una condena de cinco años por asociación con delincuentes, ha manifestado en varias ocasiones su inocencia y ha denunciado lo que califica como un "escándalo judicial con connotaciones políticas". Su situación continúa siendo objeto de debate en los círculos legales y en la opinión pública, mientras los recursos legales aún están pendientes de adjudicación.
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