Un clamor por la valentía legislativa se eleva en el ámbito político español, particularmente a raíz de la devastadora DANA que golpeó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. En este contexto, los compañeros de filas del PSOE en el Congreso han señalado abiertamente al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como el principal culpable de la trágica situación, aunque también han exigido explicaciones al Gobierno central. Desde formaciones como ERC y Junts, la vicepresidenta tercera, María Teresa Ribera, ha sido objeto de críticas por su tardía comparecencia ante el Congreso, siendo calificada su ausencia como un "exilio europeo".

Àgueda Micó, portavoz adjunta de Sumar y diputada de Compromís, no ha escatimado palabras al cargar contra Mazón, al que ha calificado de "negligente" y "mentiroso". En su intervención, Micó ha brotado contra el PP por mantener a Mazón en su cargo, acusándolo incluso de otorgar contratos de emergencia a empresas con un historial cuestionable conectado a la Gürtel. "Si no fuera del PP, ya habrían pedido su dimisión, lo que es una cuestión de justicia y reparación", enfatizó.

Pese a la crítica dirigida a la figura de Mazón, Micó también ha apuntado al PSOE por ignorar sus constantes demandas relacionadas con inversiones en la limpieza de ríos y barrancos, como la rambla del Poyo. Esta crítica ha sido respaldada por Junts, enfatizando que la reconstrucción requiere que el Gobierno central esté dispuesto a invertir "todos los recursos sobre la mesa", una tarea que, según los expertos, se traduce en un monto considerable.

La lentitud de Ribera en comparecer ante el Congreso ha suscitado el descontento de varios socios políticos, con especial énfasis por parte de ERC y Junts. "Bienvenida de su exilio europeo", le espetó la portavoz republicana Teresa Jordà, quien también manifestó que la DANA ha puesto de manifiesto un "desbordamiento de incompetencia política". Estas palabras reflejan una preocupación por la necesidad de "depurar responsabilidades", subrayando que "la política del PP ha costado vidas", pero también apuntando a las fallas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Más allá de la politización de la crisis, el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, ha criticado al PP por limitarse a proponer la construcción de más presas y la creación de un comité de expertos. Matute ha invitado a Mazón a ofrecer una "nueva versión" sobre su paradero durante las horas críticas del 29 de octubre, insinuando que una historia menos complicada sería preferible a mantener una narrativa que no coincide con los hechos.

Su intervención ha enfatizado la urgencia de acelerar la implementación de la Ley de Cambio Climático y avanzar en la transición energética, resaltando un principio básico: "la sostenibilidad y la vida deben prevalecer sobre los intereses del capital". Esta postura ha sido compartida por otros socios que también subrayan la necesidad de realizar obras hidrológicas y revisar las construcciones en áreas propensas a inundaciones. "A partir de ahora, se debe prohibir la urbanización y empezar a deconstruir", manifestó Jordà, adoptando una postura similar a la de Micó, quien ya ha cuestionado otros proyectos de expansión como la ampliación del Puerto de Valencia.

Micó ha lanzado un ultimátum a Ribera, instándola a tomar una decisión crucial: orientar el Ministerio hacia una planificación urbanística que responda a la realidad del cambio climático, o continuar colaborando con el PP en proyectos poco sostenibles como la ampliación de puertos y aeropuertos. La crítica se centra también en la “turistificación y depredación” del territorio.

Desde el PNV, se ha hecho un llamado a exigir rendición de cuentas, aunque enfatizando la necesidad de prudencia y de realizar un análisis riguroso y sin partidismos sobre lo sucedido. Al mismo tiempo, han subrayado la urgencia de legislar con valía, incorporando la ciencia y los avances tecnológicos para evitar que se repitan catástrofes como la actual.

Asimismo, la diputada de Podemos, Martina Velarde, ha defendido con firmeza la necesidad de que el Gobierno central asuma el control durante situaciones en las que la "irresponsabilidad e incompetencia" de los líderes del PP sean evidentes. En un tono incisivo, ha afirmado que "el PP no puede tocar ni un euro de las ayudas para los afectados", argumentando que el dinero público podría terminar en manos de sus "amigotes" a través de contratos prefabricados.

Con un tono contundente, Velarde ha calificado al PP como cruel, lo que le ha llevado a manifestar que deberían estar tras las rejas. No obstante, no se ha olvidado de la responsabilidad del Gobierno central, que también merece críticas por su falta de acción durante la crisis, especialmente ante el riesgo que enfrenta Ribera en relación a su nombramiento en la UE.

Finalmente, Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, ha abogado por revisar los protocolos de emergencia y clarificar las competencias de cada entidad, sugiriendo que esto podría prevenir la politización de la tragedia. No obstante, ha admitido que es fundamental investigar a fondo los sucesos y hacer hincapié en la formación de la población sobre prevención, buscando así formas constructivas para evitar una repetición de eventos desastrosos en el futuro.