En un giro impactante en el desarrollo del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama compareció este lunes ante el juez del Tribunal Supremo, donde reveló detalles comprometedores sobre las presuntas comisiones pagadas por la adjudicación de obras públicas en Madrid. De Aldama, acusado de ser un intermediario en esta trama, afirmó que las mordidas oscilaron entre 3,5 y 4 millones de euros y que se distribuyeron entre varias figuras clave, incluido el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.

Durante más de tres horas, De Aldama ofreció su testimonio al juez Leopoldo Puente. Esta es la segunda vez que se presenta ante un tribunal por este caso, habiendo declarado previamente ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, antes de que el Supremo asumiera la competencia del mismo.

Según la información obtenida de fuentes presentes en el interrogatorio, De Aldama alegó que de las supuestas comisiones, él se quedaba con una parte considerable, mientras que otra fracción era destinada a Ábalos, Koldo y una última retribución iba al PSOE. Este testimonio es crucial en el contexto de las implicaciones políticas del caso.

Además, De Aldama reiteró aspectos de su anterior declaración ante la Audiencia Nacional, incluyendo un pago de 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, así como comisiones que alcanzaban los 250.000 euros entregados a Ábalos y 400.000 euros a García. Estas cifras ponen de manifiesto las oscuras conexiones entre el sector privado y figuras influyentes del Gobierno.

En un detalle particularmente llamativo, el empresario mencionó que pagó el alquiler de hasta tres apartamentos de Airbnb en Madrid, donde se hospedaban tanto Ábalos como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en compañía de "señoritas". Esto subraya la naturaleza controversial y sospechosa de las interacciones entre estos políticos y el mundo empresarial.

Durante su declaración, De Aldama aseguró haber asumido la responsabilidad de sus acciones, pero descargó la culpa sobre Ábalos y García, indicando que no señaló a otras figuras del Gobierno de Pedro Sánchez. Este intento de desviar la atención deja entrever la complejidad de las relaciones entre la política y los intereses empresariales en España.

En el transcurso de su comparecencia, el empresario también presentó copias de varias conversaciones de WhatsApp que, según él, documentan el intercambio de comisiones por las obras mencionadas. Junto a esto, aportó un manuscrito que también respaldaría sus alegaciones, lo que añade una capa más de seriedad a sus testimonios puesto que se basa en evidencia documental.

De Aldama llegó al tribunal en un coche, acompañado de su abogado y de Daniel Esteve, el dueño de la empresa Desokupa, quien lo escoltó hasta la entrada del edificio judicial. Aunque Esteve no entró en la sala, sí lo aguardó a la salida, lo que refleja el interés y la atención que ha suscitado este caso entre diversos sectores.