Álvarez de Toledo acusa a Sánchez de legitimar la violencia tras los disturbios

La número dos del PP en Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado a Pedro Sánchez de «legitimar la violencia» después de los disturbios de estos días en Barcelona y Bilbao.

Según su discurso, el Gobierno habría cruzado una línea al amnistiar a los encausados por el proceso independentista catalán y al convertir a Bildu en un socio habitual del Ejecutivo sin exigirle una condena explícita de la violencia de ETA.

Álvarez de Toledo llegó a decir que el Gobierno tiene ya su propia «kale borroka» y que los «neoetarras» son «hijos» de Bildu y de Sánchez. Pidió además que los destrozos los paguen los responsables políticos, y que la factura llegue a Ferraz.

Lo que está en juego es un debate de fondo: hasta dónde llega la responsabilidad de un partido en lo que hacen sus simpatizantes más radicales. Es una acusación política muy dura, y conviene ponerla en contexto: el Gobierno defiende que sus decisiones se ajustan a la ley y que la amnistía y los pactos parlamentarios son legítimos.

Para el ciudadano de a pie, este tipo de cruces tiene consecuencias concretas: un clima de tensión que se nota en la calle, en el debate familiar y en las redes. Cuando la confrontación sube de tono, también sube el riesgo de que se normalicen los enfrentamientos violentos y de que se pierda la confianza en las instituciones.

Por eso, antes de compartir un mensaje así, merece la pena contrastar las declaraciones con fuentes diversas, distinguir entre hechos y valoraciones, y desconfiar de los titulares que buscan solo indignar. Los disturbios deben investigarse y sus autores responder ante la justicia, sea cual sea el color político que se les atribuya.

Lo que viene ahora es previsible: más choques en el Congreso, una campaña electoral cada vez más áspera y un intento de cada partido de señalar al otro como responsable de la violencia. Los afectados directos, vecinos de los barrios donde hubo altercados y comerciantes que han visto destrozos, deberían exigir que la investigación sea rápida y que el debate político no tape lo que ha pasado en sus calles.