En Sevilla, el pasado 11 de agosto, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha expresado su preocupación por lo que considera un evidente desdén del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la crisis de los menores migrantes no acompañados. López critica especialmente la gestión de casi 700 menores en la región, argumentando que las tácticas del gobierno fomentan un clima de xenofobia, ejemplificado por la valla en El Ejido, Almería, que despliega mensajes de exclusión dirigidos a migrantes árabes.

“No solo me opongo a los comentarios xenófobos, sino también a las acciones concretas que reflejan este tipo de ideología. La actitud del Gobierno español hacia la migración es un claro ejemplo de xenofobia en acción”, declaró la consejera en una entrevista con Europa Press. Además, añadió que los menores se ven tratados como si fueran mercancías, desaprobando la manera en que se distribuyen según los intereses del gobierno central.

López lamentó también la falta de transparencia por parte de las comunidades autónomas sobre el número de menores migrantes que ya acogen, detallando que el Gobierno actúa desde una postura de imposición en lugar de diálogo. Concretamente, mencionó que Andalucía ha recibido a 634 niños, que fueron asignados bajo la apariencia de ser mayores de edad, alertando sobre esto a la Fiscalía. “Las afirmaciones de que otras comunidades tienen más migrantes que nosotros ocultan la verdadera intención de Sánchez, que no prioriza el bienestar de los menores”, añadió.

La consejera crítica acusó al Ejecutivo central de haber violado unilateralmente los acuerdos de 2022 entre comunidades autónomas sobre la gestión de la migración y la atención a menores. “El Gobierno nacional simplemente quiere mantener su posición, ignorando el pacto que habían establecido”, remarcó. En referencia al transporte de 27 menores desde Ceuta a Andalucía, subrayó que esta medida fue resultado de una adecuada planificación y colaboración con el gobierno local, contrastando así con la descoordinación que percibe en otras actuaciones del Gobierno central.

Sobre la gestión de recursos para la atención de estas familias, López enfatizó la necesidad de coordinación, indicando que lo que se requiere del Gobierno español es una actitud de cooperación y apoyo, como lo hizo Ceuta al consultar sobre cuántos menores podrían ser acogidos. “Esto ejemplifica la realidad de cómo queremos ser parte de una solución solidaria”, concluyó.

En un movimiento legal significativo, el Consejo de Gobierno de Andalucía acaba de autorizar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con respecto al Real Decreto Ley 2/2025, que se refiere a medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia en situaciones migratorias. La Junta alega que este decreto excede las competencias que el Estado puede ejercer e infringe la autonomía de las comunidades autónomas en el ámbito de protección de menores, al imponer criterios de distribución desiguales.

Adicionalmente, el gobierno andaluz ha cuestionado la viabilidad financiera de las propuestas de compensación forjadas para manejar los costes de la sobrecarga de menores extranjeros no acompañados, enfatizando que se establecen fondos sin una regulación clara. Esto genera un estado de incertidumbre jurídica que contradice lo estipulado por la Constitución Española.