Asistente de Begoña Gómez en Moncloa se niega a declarar en el Senado por el proceso judicial en curso.

El 20 de diciembre se espera la comparecencia como testigo de Cristina Álvarez, asesora del presidente en funciones, ante el juez Peinado. Este testimonio tiene lugar en el contexto de las investigaciones en curso relacionadas con el 'caso Koldo', donde se están analizando diversas ramificaciones que involucran a figuras clave del gobierno.
En una reciente sesión en el Senado, donde Álvarez fue convocada por los senadores para esclarecer su papel en la controversia, la asesora manifestó su agradecimiento por la oportunidad de comparecer. Sin embargo, enfatizó que, a pesar de su presencia, no respondería a las preguntas formuladas por los representantes de los grupos parlamentarios, amparándose en su derecho constitucional a no declarar debido a la judicialización de los temas que se le plantearon.
A pesar de su intención de colaborar, Álvarez fue clara al establecer la razón detrás de su decisión: “Dado que las cuestiones por las que se interesan de mi declaración se encuentran judicializadas”, ante lo cual no se sentía en la capacidad de aportar información que pudiera comprometer el proceso. Esta situación resalta las complejidades que rodean las investigaciones, donde el respeto a los procedimientos legales y la transparencia son prioridades que a menudo se encuentran en tensión.
La declaración de la asesora se da un día después de que el juez Juan Carlos Peinado la citara formalmente para testificar sobre la implicación de Begoña Gómez, esposa del presidente, en actos presuntamente delictivos, entre los que se mencionan tráfico de influencias, corrupción, y apropiación indebida. Esta llamada a declarar destaca la seriedad con la que se están tomando las acusaciones y el deseo de esclarecer los hechos que envuelven a altos cargos del gobierno.
Como parte del dossier de la investigación, se ha presentado un correo en el que Cristina Álvarez comparte con la empresa aseguradora Reale el interés de Gómez por continuar el patrocinio de la cátedra extraordinaria que ella lideraba. Esto pone de relieve la conexión activa que Álvarez mantenía en gestiones relacionadas con esta cátedra, lo que ha provocado cuestionamientos sobre la influencia y los métodos empleados en la administración de recursos públicos y sus relaciones con el sector privado.
Además, se han encontrado otros correos electrónicos que sugieren una participación activa de la asesora en las gestiones relacionadas con la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense. Este hecho ha suscitado un escrutinio más profundo sobre la frontera entre las acciones políticas y las posibles irregularidades que podrían estar ocurriendo bajo el manto de estas instituciones académicas.
Por último, la implicación de Álvarez se ha fortalecido con la entrega de correos electrónicos por parte de Gómez, donde se revela el papel de la asesora en diversas gestiones. Aunque algunos de estos correos provienen de cuentas personales, también se documenta que Álvarez utilizó su cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno, firmando como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia, lo que añade una capa más de complejidad a las investigaciones en curso.
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