Manuel García Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, reclama la significativa suma de 240.000 euros por lo que considera un daño moral tras los insultos que ha recibido de Ione Belarra, líder de Podemos. Esta controversia ha llevado al Tribunal Supremo a programar una audiencia preliminar para abordar la denuncia presentada por García Castellón, quien argumenta que los términos “corrupto” y “prevaricador” utilizados por Belarra constituyen una violación de su derecho al honor.

El Tribunal Supremo tiene programada una audiencia pública para este jueves, donde se examinará la situación legal en torno a las acusaciones. Sorprendentemente, ni García Castellón ni Belarra deben estar presentes; sus abogados podrán exponer los argumentos pertinentes. Este evento judicial podría resolver el conflicto sin necesidad de llegar a un juicio completo.

La disputa cobró mayor relevancia el pasado octubre, cuando García Castellón amplió su demanda inicial, acentuando su petición de indemnización tras lo que considera un ataque continuo a su honor. En los documentos entregados al Supremo, confirmó que los comentarios de Belarra no solo eran insultantes, sino que también reflejan una falta de respeto hacia su figura como jurista y su trabajo.

Originalmente, el exmagistrado solicitó 120.000 euros, pero después optó por duplicar la cifra, sugiriendo que el Supremo debería considerar la gravedad de las acusaciones y su extensión en los medios y redes sociales. García Castellón argumenta que la cifra fue calculada de manera meticulosa según lo estipulado en la legislación, y calificó las afirmaciones de Belarra como carentes de interés público legítimo, además de ultrajantes.

A su vez, desde Podemos han defendido la postura de que el Tribunal debería desestimar la demanda. Durante una rueda de prensa en diciembre, Pablo Fernández, secretario de organización del partido, aseguró que los comentarios de Belarra eran parte de su derecho a la libertad de expresión como diputada. Fernández sostiene que existen numerosos ejemplos de conductas judiciales que tienen un sesgo político en contra de su partido.

Por su parte, la Fiscalía ha expresado su apoyo a la demanda de García Castellón, señalando que los adjetivos utilizados por Belarra son "claramente ofensivos". En un comunicado, subrayaron que calificar a un juez como corrupto por ejercer su labor de forma imparcial equivale a un ataque grave a su honor y dignidad profesional.

Respecto a la defensa de Belarra sobre la inviolabilidad parlamentaria que supone proteger sus comentarios en redes sociales, la Fiscalía ha insistido en que tales afirmaciones no están protegidas bajo las prerrogativas de la inviolabilidad, especialmente si se consideran ofensivas o descalificadoras.

A pesar del argumentario de García Castellón, la Fiscalía ha recomendado que la cifra de indemnización sea significativamente reducida a 20.000 euros, considerando que la cifra inicial solicitada resulta desproporcionada en relación a la naturaleza del agravio reclamado.