El clima político en Madrid se calienta, con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, criticando abiertamente la reciente Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), a la que describe como una carga pesada que ha incrementado la burocracia en las universidades y ha afectado negativamente su financiamiento.

Durante una sesión de control en la Asamblea, Ayuso expresó su preocupación señalando que, desde la implementación de esta ley, todas las universidades públicas han enfrentado problemas financieros. Su afirmación resuena con la idea de que esta legislación fue aprobada sin el consenso necesario y excluyó a ciertos grupos que, según ella, deberían haber sido considerados en el proceso.

La mandataria también hizo hincapié en que la ley prioriza criterios ideológicos, dejando fuera a aquellos que considere independentistas, sugiriendo que existe una contradicción entre los discursos sobre igualdad y la realidad política en el país. Sus palabras reflejan un descontento profundo con lo que percibe como una falta de inclusión en la toma de decisiones educativas.

Ayuso manifestó que su gobierno está comprometido a mitigar los efectos negativos de esta ley, destacando la labor tanto de las universidades públicas como privadas en Madrid, de las cuales se siente sumamente orgullosa por sus esfuerzos y logros.

Por otro lado, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, aportó su visión, argumentando que el camino hacia una igualdad de oportunidades radica en la oferta de educación de calidad en lugar de promover prácticas como la entrega de títulos y cátedras sin requerir esfuerzo. Con una retórica que busca marcar la diferencia, afirmó que tales prácticas distorsionan la realidad y conducen a una falta de esfuerzo personal, insinuando la posibilidad de corrupción en el ámbito académico.