En un contexto marcado por la necesidad de impulsar la economía tras la crisis provocada por la pandemia, España enfrenta un desafío crucial para cumplir con los plazos de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un informe de BBVA Research revela que, para alcanzar la totalidad de las inversiones comprometidas con la Unión Europea, el país deberá acelerar su ritmo mensual de ejecución de fondos en más de un 80%, lo que significa implementar un promedio de aproximadamente 2.200 millones de euros al mes.

A pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, se observa que el ritmo de ejecución de estos fondos se está desacelerando. Según el informe, al finalizar noviembre de 2025, se habían adjudicado contratos y ayudas que equivalen al 75% de las transferencias planificadas, sumando cerca de 59.900 millones de euros, lo que representa aproximadamente un 3,6% del PIB nacional. Sin embargo, el último trimestre reveló una disminución en el volumen mensual de licitaciones, que cayó a alrededor de 1.200 millones de euros, un 9% menos que en la primera mitad del año.

Si esta tendencia persiste, se estima que para agosto de 2026, término oficial del Plan, solo se habrá ejecutado alrededor del 89% de las transferencias previstas, es decir, cerca de 70.800 millones de euros. Incluso con una prórroga que extendiera la ejecución hasta diciembre de 2026, el cumplimiento apenas superaría el 95% de lo inicialmente programado. Por lo tanto, desde BBVA Research enfatizan que es fundamental aumentar el ritmo de trabajo para cumplir con las expectativas establecidas con Bruselas.

Los economistas también apuntan a la transición ecológica como una de las áreas más críticas dentro del Plan. Aunque se había previsto destinar un 40% de los recursos a objetivos medioambientales, el gasto que efectivamente cumple con criterios de sostenibilidad asciende apenas al 23%, lo que equivale a unos 13.850 millones de euros. Esta brecha destaca la necesidad de dar un impulso a iniciativas verdes y sostenibles para cumplir con los compromisos climáticos.

El informe detalla que la mayoría de los beneficiarios del Plan son personas físicas y pequeñas empresas, que abarcan el 62% y el 26% del total de más de 1.410.000 beneficiarios, aunque estos grupos solo representan el 5% y el 25% de los fondos totales, respectivamente. En contraste, las grandes empresas, que constituyen solo el 1,4% de los beneficiarios, captan cerca del 30% de los recursos disponibles.

En términos de programas específicos, los programas Moves y Kit Digital son los más destacados, con un 68% de los beneficiarios concentrados en estas iniciativas. El programa Moves ha visto que el 87% de sus beneficiarios son personas físicas, que han recibido aproximadamente el 38% de sus fondos. El Kit Digital también se ha enfocado en autónomos y microempresas, quienes han absorbido la mayor parte de las ayudas asignadas.

En cuanto a la distribución geográfica de los fondos, los datos revelan que aunque los recursos se están desplegando en todo el territorio, las comunidades más grandes como Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 48% del gasto ejecutado, representando juntas más de la mitad del PIB nacional. No obstante, las regiones con un PIB más bajo, como algunas en el sur del país, están logrando una mayor participación proporcional en las inversiones, lo que sugiere un enfoque más equitativo en la distribución.

Entre los colectivos beneficiarios, los datos muestran que, en regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, las personas físicas reciben una porción importante de los fondos. Mientras tanto, las microempresas y pymes también están bien representadas, especialmente en Navarra, Cataluña y Cantabria.

La participación de las grandes empresas en el Plan es más resaltante en Aragón, Baleares y Madrid, áreas que también concentran un volumen significativo de las ayudas. Por último, el sector público, que representa el 8,5% del total del Plan, muestra una mayor concentración de fondos en regiones como La Rioja y Andalucía.

De cara al futuro, se anticipan dos solicitudes adicionales de desembolsos por parte de España antes de la culminación del despliegue del Plan en 2026. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha mencionado que la próxima solicitud de fondos europeos se realizará a finales de enero, aunque ha reconocido que aún no se han concretado avances respecto a la modificación de la normativa del diésel, un hito pendiente que requiere ser aprobado en el Congreso antes de fin de mes. Sin embargo, el ministro ha admitido que no se han logrado progresos significativos en este aspecto.