La Comisión Europea ha respondido a la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa respecto a la situación en España, específicamente sobre el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo como magistrado del Tribunal Constitucional. Bruselas asegura que, aunque no ve motivos de alarma en que exmiembros de Gobierno sean nombrados magistrados, evaluará en detalle el caso español en su informe anual sobre Estado de derecho que publicará en julio.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para Estado de derecho y el comisario de Justicia, Vera Jourova y Didier Reynders, respectivamente, han firmado la carta de respuesta a Pagazaurtundúa en la que confirman estar al tanto de los distintos asuntos que alertó a Bruselas y que ponen en riesgo la salud democrática del país, como el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial, las reformas del TC y del Código Penal y la situación con respecto al uso del castellano en Cataluña.

Jourova y Reynders afirman que sus servicios realizan una evaluación anual sobre el Estado de derecho en cada Estado miembro y que es en ese marco en el que analizarán el fondo de cada una de estas medidas, por lo que continúan siguiendo con atención la situación en España. Pagazaurtundúa ha pedido en varias ocasiones que Bruselas pase de los mensajes públicos a "advertir" a España cuando publique el informe de julio.

En su respuesta, la Comisión advierte que la designación de antiguos integrantes del Gobierno como miembros del Tribunal Constitucional en España "no es inusual" en la Unión Europea y que "en sí mismo no plantea preocupación". Sin embargo, Bruselas subraya que estos nombramientos deben seguir los procedimientos adecuados y respetar los criterios de elegibilidad establecidos en cada caso, independientemente de quiénes sean los candidatos.