En una inesperada movida, varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han instado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a convocar con urgencia el Consejo Territorial para abordar los problemas relacionados con las nuevas tarjetas monedero del Gobierno.

Comunidades como Madrid, Andalucía, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Extremadura e Islas Baleares han expresado su preocupación por los retrasos y los inconvenientes técnicos que enfrentan las tarjetas destinadas a sectores vulnerables de la población.

La petición se ha realizado en línea con las normas del Consejo Territorial, que permiten la convocatoria de reuniones extraordinarias si así lo solicita al menos un tercio de sus miembros, con un margen de 48 horas de antelación.

Desde la Comunidad de Madrid, se ha criticado la convocatoria de una reunión ordinaria para junio, lo que prolongaría aún más la resolución de los problemas técnicos, afectando a las familias más necesitadas.

Entre las críticas, se señala que la entidad contratada por el Gobierno no ha formalizado los acuerdos con los supermercados participantes, mientras que persisten dudas sobre criterios de elegibilidad, compatibilidad con otras ayudas como el Ingreso Mínimo Vital y la protección de datos de los beneficiarios de las tarjetas. Estas incertidumbres podrían dejar fuera a más de 350,000 personas en España.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales han confirmado que están evaluando la solicitud de las comunidades autónomas. Además, se ha programado una reunión técnica para el 30 de mayo, donde se discutirá el programa de las tarjetas monedero.

En sus intervenciones, Bustinduy ha mostrado disposición a colaborar y resolver las dificultades surgidas en la implementación del programa. Sin embargo, ha advertido a la oposición de no politizar este tema, recordando que el objetivo es garantizar ayuda a las familias vulnerables sin dejar a nadie atrás.

El ministro ha subrayado que las tarjetas monedero son una herramienta complementaria en el ámbito de los servicios sociales, con la meta de beneficiar a unas 70,000 familias con compras mensuales de alimentos y otros productos esenciales.

Ahora es responsabilidad de las comunidades autónomas identificar, valorar y derivar a las personas elegibles para recibir las tarjetas, con la finalidad de facilitarles acceso a alimentos frescos, alimentación infantil y productos de higiene básicos, incluyendo elementos indispensables para la higiene femenina. Esta iniciativa representa una mejora con respecto al sistema tradicional de distribución de alimentos.