En Madrid, el 10 de abril, CCOO ha lanzado un urgente llamado a la necesidad de mejorar la coordinación entre el sistema sanitario y los servicios sociales, especialmente en lo que respecta a la atención de la población mayor. Este requerimiento surge de las conclusiones del Observatorio de Personas Mayores, presentado por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO en una conferencia de prensa este jueves.

El documento destaca que la transformación demográfica actual exige un enfoque más estructurado y efectivo en el diseño de recursos dirigidos a los mayores. Se enfatiza que los sistemas sanitario y social, a menudo vistos como entidades aisladas y con una gestión fragmentada, deben unirse en un esfuerzo coordinado que responda a las crecientes necesidades de esta población.

El informe pone de manifiesto que la amiga población mayor no solo está creciendo en número, sino que también goza de una mayor esperanza de vida, lo que resalta la importancia de los servicios sociales como pilares esenciales para garantizar un envejecimiento saludable y autónomo. El estudio explora también las desigualdades territoriales y la disponibilidad de recursos que afectan a las personas mayores en diferentes regiones del país.

Para CCOO, esta inusual transición demográfica plantea un desafío sin precedentes que, según Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social, debe abordarse mediante el rediseño de los mecanismos de bienestar público, siempre apoyando el principio de solidaridad. Esto es vital para mitigar las desigualdades que han surgido de trayectorias laborales desiguales y, en última instancia, avanzar hacia una mejora en la equidad en las condiciones de vida de las personas en sus últimos años.

Bravo argumenta que los servicios públicos, que abarcan desde pensiones hasta atención sanitaria y educación, son transferencias intergeneracionales que requieren un ajuste para adaptarse a la nueva realidad demográfica, asegurando que las necesidades sociales sean atendidas de manera inclusiva.

El secretario confederal advierte que aquellos que proponen recortes en las coberturas para la población mayor buscan en realidad reducir el gasto público con el fin de justificar disminuciones en las cotizaciones sociales y en la carga impositiva, creando un contexto donde los ciudadanos tengan que cubrir sus necesidades por sí mismos.

En lo que respecta a la atención a la dependencia, el informe reconoce un impulso reciente gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, aunque Bravo señala que aún persisten desafíos significativos, como la reducción de los tiempos de espera para acceder a derechos y la mejora de las condiciones laborales en un sector que está fuertemente feminizado, asegurando un empleo estable y de calidad para los trabajadores.

Según Bravo, el principio de solidaridad es fundamental para diseñar políticas públicas que mejoren la calidad de vida desde la infancia hasta la vejez. “Solo un enfoque coordinado y holístico puede garantizar que las futuras generaciones envejezcan de manera digna y saludable”, afirma.

Finalmente, Jesús Cruces, coordinador del informe por la Fundación 1º de Mayo, ha resaltado un aspecto positivo: el incremento de las pensiones mínimas y no contributivas, que han crecido entre un 6% y un 9% en los últimos años. Sin embargo, también ha subrayado que todavía hay mucho camino por recorrer, como lo evidencia el hecho de que aproximadamente 250,000 personas siguen en lista de espera para recibir atención en dependencia.